El REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas, ha celebrado la "II Jornada de Auditoría del Sector Público", en la que han participado los presidentes de organismos de control externo autonómico de diferentes comunidades, entre ellas de Andalucía, Castilla la-Mancha y País Vasco, miembros del Tribunal de Cuentas europeo, representantes de las corporaciones locales y del Congreso de los Diputados, y todos ellos debatido sobre la nueva ley de transparencia y de los avances que han de realizarse para cumplir con las exigencias que plantean los ciudadanos.

José Carlos Alcalde Fernández, interventor general de la Administración del Estado, ha resaltado "La labor de los órganos de control y en especial de la auditoría pública como un elemento esencial para la mejora de la transparencia de las cuentas públicas. La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pretende incrementar la transparencia en la actividad de la Administración y reforzar la responsabilidad de los gobernantes, dando el derecho de acceso a la información pública a todas las personas a saber en qué se gasta realmente el dinero, en qué forma, y si su empleo ha dado cumplimiento a los principios que se han indicado".

Carlos Puig de Travy, presidente de REA+REGA Corporación de Auditores–CGE, ha dicho que "Por ello, se hace necesario un proceso de mayor fiscalización del Sector Público, por medio de auditorías, ya que existen más de 20.000 entidades públicas; que en el ámbito estatal su grado de control es alto, en el ámbito autonómico es bajo y en el local es mínimo".

Ámbito estatal

En el ámbito estatal se dejan fuera de control determinados consorcios, fondos sin personalidad jurídica, organismos autónomos y algunas sociedades mercantiles por su tamaño reducido.

Comunidades autonómicas

En las CCAA se dejan fuera de control individualizado muchas unidades de gestión de las áreas de sanidad y educación, además de algunas sociedades mercantiles, pero la mayor carencia de control está en fundaciones y consorcios.

Ámbito local

En el ámbito local es donde esta debilidad es de una magnitud realmente grave tanto en Ayuntamientos (el 86% son de menos de 5.000 habitantes y tiene una carencia manifiesta de control), como en entidades de ámbito territorial inferior al municipio, mancomunidades, consorcios, organismos autónomos, empresas municipales y fundaciones.

Las entidades locales tiene la obligación de rendir cuentas al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al respectivo OCEX. En este proceso de rendición de cuentas se dan muchas y variadas incidencias, así en algunos casos la cuenta general se presenta de forma incompleta y no incluye organismos autónomos o sociedades mercantiles de capital íntegro municipal. Este hecho es muy importante ya que cada vez un volumen mayor de recursos públicos lo gestionan sociedades mercantiles, consorcios o fundaciones, que constituyen auténticas administraciones paralelas, que se justifican por su mayor agilidad y flexibilidad de gestión, pero en realidad se constituyen para eludir el control.

A este respecto, Emilio Álvarez, coordinador de la Jornada, ha explicado que "A veces las cuentas rendidas no incorporan la totalidad de documentos preceptivos, así se da más importancia a la contabilidad presupuestaria que a la patrimonial y únicamente se remite la liquidación del presupuesto. En general los niveles de incumplimiento son elevados y más cuanto menor tamaño tenga la entidad. Se puede constatar que en CCAA donde no hay OCEX la falta de rendición de cuentas de municipios inferiores a 5.000 habitantes ha sido una constante. Por último decir que otro tema importante a mejorar es el retraso en la rendición de cuentas, siendo el plazo preceptivo, el 15 de octubre del ejercicio siguiente el cual es rebasado ampliamente en multitud de casos".

Subvenciones

Ramón Madrid, vicepresidente de REA+REGA Corporación de Auditores –CGE ha dicho que "Un ámbito de gestión pública muy importante es el relativo a las subvenciones públicas, incluyendo también aquellas que provienen de la Unión Europea, por el enorme nivel de fondos que aglutina. Ello implica la necesidad de un control externo riguroso, en el que existe ya un camino de colaboración con firmas privadas, ya que el beneficiario debe aportar toda la documentación necesaria y justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos"

Colaboración público privada

Ante estos hechos, la insuficiencia de medios de las administraciones y la exigencia de alcanzar este mayor grado de control, se requiere cada vez más una colaboración estrecha entre los organismos públicos encargados del control (Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo, Intervenciones del Estado, de las CCAA y las Intervenciones de las Corporaciones Locales) y los auditores privados. Esta colaboración se fundamenta también en la flexibilidad y movilidad geográfica que aporta y en el hecho de que el tamaño del sector público ha ido aumentado constantemente, no sólo en volumen sino también en su forma organizativa, encontrándonos con multitud de Organismos y personificaciones públicas y privadas que deben estar controladas y, en algunos casos, por auditores privados como son las fundaciones, receptores de subvenciones o entidades mercantiles.