Así se pone de manifiesto en una respuesta parlamentaria dirigida a UPyD, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Ejecutivo afirma que "no puede ni debe poner en duda las conclusiones del Tribunal de Cuentas", que señala que 5.000 municipios no han presentado sus cuentas generales en 2012, que cerca de un 20% tampoco lo hizo en los años 2009 y 2010, y que hay incluso ayuntamientos con cuentas pendientes de fiscalización desde hace seis o siete ejercicios.

Todo pese a que la Ley de Haciendas Locales, de 2004, encarga al Tribunal de Cuentas la función fiscalizadora externa de la gestión económica de las entidades locales y sus organismos y sociedades, con el objetivo último de corregir cualquier posible anomalía y de exigir responsabilidades contables a los gestores públicos.

Ante los incumplimientos detectados por el organismo fiscalizador, UPyD pide al Gobierno una "mejora en el control de las cuentas de las entidades locales", a lo que el Ejecutivo responde recordando que las "consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de información" están recogidas en la orden que desarrolla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y que actualmente se está tramitando el proyecto de ley de Transparencia, que también hará referencia a este asunto.

Regresan las deudas con proveedores

Por otra parte, UPyD también se ha interesado por la deuda de más de 10.000 millones de euros que, según calcula, habrían acumulado las comunidades autónomas con sus proveedores a en los diez primeros meses de 2012, a pesar de la puesta en marcha por parte del Gobierno a principios del año pasado de un plan de pagos dotado con más de 27.000 millones.

En respuesta a las preguntas de la formación magenta sobre cómo se solucionará esta nueva acumulación de deuda, a qué cantidad asciende, y por qué se ha reproducido esta situación, el Ejecutivo apela de nuevo a las previsiones contenidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé "medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso" para las entidades locales y comunidades autónomas que no cumplan con su obligación de facilitar trimestralmente información sobre su deuda comercial y sus planes de tesorería.

En el caso específico de los ayuntamientos que se acogieron al Plan de Proveedores y que van a incumplir sus planes de saneamiento, el Ejecutivo subraya que se aplicarán medidas coercitivas como la "indisponibilidad de crédito" o la constitución de un depósito que "puede convertirse en multa", e incluso el envío de expertos del Ministerio de Administraciones Públicas a la administración afectada.

"No se puede establecer un listado de las causas de los incumplimientos por parte de las administraciones autonómicas y locales debido a la diversidad de situaciones financieras y de los problemas que concurren en cada una de ellas y que, en ocasiones, responden a naturaleza coyuntural o estructural", añade la respuesta, que recoge Europa Press.