Estas cifras coinciden con un descenso de los requerimientos de actuación recibidos por la SISS del 17,5%, hasta los 413 en todo el año, por la caída de la actividad en sectores tradicionalmente investigados, como la construcción.

En total, la unidad ha concluido 417 investigaciones y mantiene abiertos otros 33 procesos, actividad durante la que se han investigado a un total de 8.120 personas, de las que 616 han sido detenidas.

Estas actividades son requeridas por las distintas entidades de la Seguridad Social tras detectar irregularidades durante las habituales actuaciones de detección del fraude, así como a partir de denuncias de particulares.

La mayor parte de los delitos detectados estaban relacionados con irregularidades cometidas por empresarios que interponen empresas o testaferros para ocultarse mientras realizan prácticas irregulares, como no pagar cotizaciones, infracción que es sancionada por el Código Penal como delito específico contra la Seguridad Social cuando se superan los 120.000 euros.

Asimismo, otros delitos se refieren al cambio del nombre de una empresa o a su descapitalizan con el objeto de no pagar deudas con la Seguridad Social, generando una situación de insolvencia, o a la falsificación de documentos de cotización.