Las comunidades autónomas gestionan, al menos, 10.000 viviendas de protección públicas desocupadas que estarían disponibles, según ha avanzado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presentará en breve ante el Parlamento un informe de viviendas públicas vacías.

Becerril ha indicado, durante su intervención este martes ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados, que en este estudio se han analizado las causas del desajuste entre la necesidad de vivienda y el número de viviendas protegidas sin uso.

Para ello, se han pedido datos e informaciones a las consejerías y organismos de Vivienda de todas las Comunidades y de Ceuta y Melilla, lo que ha determinado que las regiones gestionan "más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública, de las que aproximadamente 13.500 están vacías, y de éstas 9.752 pueden considerarse disponibles".

Además, se ha obtenido esta mismas información de diez ayuntamientos de capitales con una población superior a 350.000 habitantes. En este caso, los núcleos de población gestionan 24.055 viviendas protegidas, de las cuales estarían vacías y disponibles por lo menos 427.

Becerril ha indicado que la Institución cree que "ineficiente y poco aceptable" que haya viviendas públicas vacías cuando hay decenas de miles de personas que padecen la falta de una vivienda adecuada. Además, ha denunciado que hay muchas autonomías que "no tienen los datos puestos al día o que no disponen de ellos".

Más de 330.000 demandantes

A su juicio, "el número de viviendas vacías es alto" y "con las medidas apropiadas podrían estar a disposición, en régimen de alquiler, para familias que hoy en día necesitan una vivienda". Concretamente, en la Institución estima que actualmente existen 332.529 demandantes de una vivienda en el país.

Entre las recomendaciones que Becerril ha comentado durante su intervención para estos casos, está "crear o mejorar los registros de vivienda protegida, con datos que proporcionen las comunidades autónomas y los municipios utilizando parámetros similares que hagan posible evaluaciones de ámbito nacional".

Además, propone aumentar la colaboración y coordinación entre las administraciones implicadas; implantar una inspección más eficiente; perfeccionar los procedimientos de adjudicación de viviendas; y favorecer el alquiler de las viviendas públicas frente a la venta.

Análisis del informe

Por otra parte, Becerril ha recordado durante su intervención que las quejas al Defensor del Pueblo aumentan un 36% en un año respecto por la crisis económica y los recortes de las administraciones, hasta alcanzar las 33.478 reclamaciones. Así, en 2012 se han tramitado un total de 280.592 expedientes, de los que 33.478 son quejas, 371 son de investigación de oficio, y, la mayoría, 246.743, son de solicitudes de inconstitucionalidad y amparo.

Para la Defensora del Pueblo, el año 2012 ha sido un año marcado por la crisis económica, y como consecuencia de ello, los ciudadanos han sufrido una "disminución" de sus ingresos y expectativas laborales, así como en la atención de servicios que con anterioridad habían recibido.

También ha destacado que la Ley de estabilidad presupuestaria, de 27 de septiembre de 2011 para reducir el déficit de las administraciones públicas, "ha repercutido en la reducción total o parcial de la prestación de determinados servicios".

Igualmente, como consecuencia del constante incremento del desempleo, la Defensora del Pueblo ha destacado que las familias han encontrado mayores dificultades en atender a compromisos de pago, una circunstancia que se añade al hecho de que la mayor parte de las entidades bancarias se han visto afectadas por la caída del sector inmobiliario, "riesgo que no habían calculado suficientemente".

Becerril ha recordado en su intervención que el comportamiento de las cajas de ahorros, que ha calificado de "absolutamente censurable" con sus clientes por la venta de ‘preferentes’ sin informarles del riesgo de estas inversiones, lo que ha dado lugar a "decenas de miles" de afectados que no han podido retirar sus depósitos.

"En los difíciles momentos actuales por las circunstancias económicas, por los altos índices de desempleo, por las necesidades en materia de prestaciones sociales, por los esfuerzos que se piden a los ciudadanos para superar las dificultades y volver a momentos de crecimiento y bienestar, se requiere la confianza en las instituciones públicas, y estas deben ser capaces de merecerla", ha aseverado Becerril.

Tasas judiciales

La Defensora también ha aprovechado su intervención para recordar la labor de mediación que tiene la Institución que dirige. En este sentido, ha recordado las recomendaciones formuladas para modificar la Ley de Tasas Judiciales que se han traducido en un ahorro sustancial para los ciudadanos.

Al respecto, ha apuntado que las tasas variables en todas las instancias se han reducido en torno a un 80%. En la actualidad, estas tasas no podrán superar los 2.000 euros (antes eran 10.000). Y para alcanzar los 2.000 euros el pleito tendría que tener un valor económico de dos millones o más.

Según ha explicado, esta modificación supondrá un ahorro sustancial para los ciudadanos. El Gobierno dejará de recaudar no sólo el 5% anunciado que se refiere a las tasas fijas y a este porcentaje hay que sumarle el que se dejará de recaudar por la rebaja de tasas variables.