De este modo, las fundaciones bancarias podrán reducir progresivamente su participación, lo que permitirá culminar el proceso de reestructuración del sector financiero en un periodo de tiempo razonable.

En sus negociaciones con la ‘troika’, el Ejecutivo español ha conseguido eliminar del texto el establecimiento de un compromiso temporal para acometer estas desinversiones, lo que habría implicado una devaluación de los activos bancarios, ya que los posibles compradores podrían haber agotado el plazo para ofertar a la baja por dichas participaciones.

El anteproyecto de ley que aprobará el Consejo de Ministros este viernes para iniciar acto seguido su tramitación parlamentaria afecta fundamentalmente a tres entidades cuyas fundaciones controlan sus bancos filiales. Se trata de La Caixa, Kutxabank y Unicaja.

La norma obligará a los presidentes de estas entidades a escoger entre la presidencia de la fundación y la del banco, al declarar "incompatible" ser patrono de una fundación con un cargo equivalente en la entidad bancaria participada.

Otras de las novedades que establece la norma es que el Banco de España impondrá penalizaciones, en forma de un fondo de reserva, a las fundaciones que controlen el 50% o más de un banco, con el fin de dotar posibles necesidades de la entidad filial para apuntalar su solvencia.

El diario ‘El País’, que adelantó la noticia este jueves, señala que entre las medidas que incluye el anteproyecto figura el requisito de aprobar los dividendos por mayoría reforzada para esquivar el control de las fundaciones, que además no podrán acudir a las ampliaciones de capital de sus bancos, con lo que irán diluyendo su participación.

Las fundaciones mayoritarias deberán también diversificar sus riesgos para tener activos líquidos, y cuando el banco en cuestión tenga presencia en distintas regiones, la mayor parte de la actividad quedará bajo el control del Ministerio de Economía.

Por otro lado, el Consejo de Ministros estudiará este viernes también el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la parte que afecta a las funciones de los procuradores.