El Gobierno estima que las modificaciones incluidas en la Ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas podrían movilizar unos 260.000 millones de euros de inversiones hasta el año 2050, lo que conllevaría la creación de unos 130.000 puestos de trabajo en la primera década de aplicación de las medidas, el mantenimiento de 170.000 empleos durante la ejecución hasta 2030 y conservando unos 120.000 puestos de trabajo a largo plazo.

Así se expone en la Memoria de Impacto Normativo del proyecto de ley, que recoge Europa Press. La norma se someterá a un primer debate en el Congreso el próximo jueves, cuando se votarán las enmiendas de totalidad pidiendo su devolución al Gobierno presentadas por PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).

En concreto, el Ejecutivo defiende que el impacto económico general de la norma será "muy positivo, tanto en cuanto a los ahorros energéticos que conllevaría, en la creación de puestos de trabajo que permitirían reconvertir gran parte del desempleo procedente de la construcción, como en la calidad de vida para muchas familias".

Creación de empleo

Aunque el Gobierno reconoce que gran parte de los datos utilizados en la Memoria se extraen "no tanto de la experiencia práctica cuanto de estudios de carácter diverso" procedentes de varias fuentes, hace hincapié en que son estimaciones "rigurosas" y "bastante fiables".

En concreto, cita un informe del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación de 2012, según el cual cada millón de euros invertido en renovación de viviendas genera hasta 18 nuevos puestos de trabajo, que se elevan a 54 si se trata de dinero público.

Dado que actualmente se rehabilitan en España no más de 40.000 viviendas año, se cree que se debería elevar la cifra hasta entre 200.000 y 400.000, dada la edad del parque edificado, que refleja que el 58% de los 26 millones de viviendas que existen en el país tienen más de 30 años y casi seis millones tienen más de medio siglo.

Por ello, el informe del Grupo de Trabajo que hace suyo el Gobierno concluye que si se actuara directamente sobre un promedio anual de cerca de 200.000 viviendas entre 2012 y 2020, ampliando hasta las 360.000 viviendas anuales en la siguiente década y llegando a las 250.000 viviendas anuales hasta el año 2050 la inversión podría rondar los 260.000 millones de euros en esos 38 años.

Gracias a ello, se podrían generar unos 130.000 puestos de trabajo hasta 2020, mantener unos 170.000 durante la ejecución hasta 2030 y sostener una tendencia a largo plazo del orden de 120.000 puestos de trabajo.

Además, las inversiones se recuperarían en el mismo plazo gracias a los ahorros energéticos y de emisiones, ya que según otro informe del mismo grupo de expertos se podría reducir el consumo de calefacción en un 80% y el consumo doméstico de energía en general en un 16%, así como cubrir el 60% del consumo genérico si se instalaran placas solares. Todo con sólo destinar dos tercios de cada 24.000 euros invertidos en rehabilitación a mejoras energéticas.

Inversiones públicas

En cuanto a los retornos, el informe postula que la recaudación por impuestos y la reducción de subsidios de desempleo supondría unos 96,5 millones de ahorro por cada cien millones de euros públicos invertidos.

No obstante, antes el Estado debería realizar una inversión inicial del 25%, bien de forma directa o mediante incentivos y bonificaciones fiscales, además de garantizar financiación a bajo coste de las obras (5% a 20 años), tal y como señala el Grupo de Trabajo de Rehabilitación, que también plantea la creación de un mecanismo de reconocimiento y asignación de las emisiones de CO2 ahorradas que "asegure retornos a los inversores, estimando que podrían suponer un 15%" del total.

Pero dado que "el panorama de disponibilidad presupuestaria reducida hace imposible que se puedan alcanzar en el futuro esos porcentajes de financiación pública" y que "la actual situación económica de las familias impide también que los propietarios de las viviendas puedan asumir de forma generalizada un porcentaje elevado de inversión", el Gobierno ha optado por la vía de disminuir el coste de las obras fomentando las sinergias y economías de escala, simplificación trámites y propiciando la competencia y la colaboración público-privada.

Además, ha incluido en la norma medidas para "contribuir al equilibrio financiero de las actuaciones", tales como la posibilidad de incrementar la edificabilidad, una mayor facilidad para el cambio de uso de los suelos, facilitando la capitalización de los ahorros energéticos y reduciendo las obligaciones de cesión de suelo en ciertas operaciones.

De este modo, se estima "viable" un modelo en el que los tres niveles de la administración pública asuman un tercio del coste de la obra, los propietarios asuman otro tercio y el resto "pueda provenir de la financiación privada ajena a la propiedad".

Informe de evaluación de los edificios

Con respecto al Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), el Gobierno defiende que "no supondrá un aumento de precio relevante, sino más bien insignificante" con respecto al coste de la actual Inspección Técnica de Edificios (ITE). En concreto, calcula que los propietarios de viviendas deberán pagar entre 16 y 198 euros (más IVA), según el número de casas en el inmueble, frente a los entre 9,5 y 80 euros de la revisión actual.

Un aumento "insignificante", a juicio del Gobierno que, no obstante, matiza que el 60% de ese coste corresponde a la propia ITE, ahora subsumida en el propio informe con una duración similar de diez años, y el resto responde al certificado de eficiencia energética, que no deberá pagar individualizadamente cada propietario si quiere vender o alquilar la vivienda. "Un informe que puede costar entre 16 y 100 euros en función del número de viviendas y cuya periodicidad se exige cada diez años no parece un coste desproporcionado e indebido", añade el Gobierno.

Además, se recuerda que el proyecto de ley no incluye nuevas obligaciones para los propietarios, que según la normativa vigente ya están obligados a realizar las obras necesarias para asegurar la "adecuada conservación de los edificios en las condiciones de seguridad, salubridad, habitabilidad y ornato, incluso por motivos de interés general, de carácter turístico o de calidad y sostenibilidad del medio urbano".

Así, el IEE detallará únicamente las deficiencias en conservación y/o accesibilidad del edificio y fijará un plazo apropiado para su subsanación, mientras que los datos energéticos tendrán carácter meramente informativo. Lo que sí se hace con esta ley es "establecer los contenidos esenciales y los límites económicos del deber de conservación en solares y edificaciones", fijándolo en que el coste de las obras no supere la mitad del valor de reposición a nuevo de la edificación descontando el valor del suelo.

"A pesar de su carácter de recomendación, se espera que la vinculación de la eficiencia energética con la conservación y la accesibilidad, logre importantes sinergias que consigan la realización de modo simultáneo de obras que mejoren al mismo tiempo varios de los aspectos mencionados", apostilla el Gobierno.

Finalmente, se asegura que la aplicación de esta norma no generará nuevas cargas administrativas sino que reducirá las trabas burocráticas, además de ofrecer más información sobre el grado de cumplimiento de deberes ya exigibles; tampoco supondrá más gastos presupuestario ni reducirá los ingresos para ninguna administración, sino más bien al contrario al permitir más actividad económica e incrementar la competencia; respeta el reparto competencial y tendrá un "impacto especialmente positivo en relación con la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal".