El Portal de Transparencia que está diseñando el Gobierno para gestionar la presentación de toda la información que tendrá que hacerse pública una vez que entre en vigor la futura Ley de Transparencia incluirá un ranking sobre su cumplimiento, de manera que se podrá consultar cuáles son las administraciones qué más y mejor responden a las peticiones de los ciudadanos y cuáles lo hacen peor.

Así lo ha anunciado este martes el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis Ayllón, durante su participación en el primer encuentro del ‘Foro X las Oportunidades’, dedicado a la "Transparencia y Regeneración Democrática".

Aunque ha admitido que habrá que estudiar la inclusión de sanciones para las entidades que no cumplan los mandatos sobre transparencia que se recogerán en la ley, ha dejado claro que es más partidario de los "incentivos" que de los "castigos" porque los considera más efectivos.

A su juicio, para una administración resulta mucho más incentivador verse reflejada con un mal indicador sobre transparencia que tener que hacer frente a una multa por no ofrecer la información que debería a los ciudadanos, bien por que así lo mandate la norma o bien en respuesta al requerimiento de un particular.

Por eso, se evaluará el nivel de cumplimiento de cada administración y los resultados se ‘colgarán’ en el Portal de Transparencia, con una relación detallada de las administraciones según el lugar que ocupen en el ranking.

Director del órgano de control avalado por el Congreso

Por otra parte, Ayllón ha defendido que la Agencia Estatal de Evaluación de la Transparencia y las Políticas Públicas, que velará por el cumplimiento de la ley, será un órgano "independiente", aunque su máximo responsable sea nombrado por el Gobierno.

En este punto, ha señalado que esta persona habrá de tener el aval del Parlamento y que para cesarle se tendrá que contar con la mayoría absoluta del Congreso. También apuesta por que su mandato trascienda los cuatro años de legislatura para que no cambie cada vez que lo haga el Ejecutivo.

Ayllón no ha desvelado cuánto calcula el Ejecutivo que costará aplicar la futura norma, pero sí ha apuntado que "no va a ser una ley cara". Su idea de que toda su gestión se haga "desde dentro" de la Administración lo que, según ha confesado, obligará a un "plus de esfuerzo" a los funcionarios que se ocupen de tramitar las demandas ciudadanas.

Por ejemplo, es el propio Ministerio de la Presidencia el que está trabajando en el Portal de Transparencia, una herramienta que tendrán que ‘copiar’ las administraciones autonómicas y también las locales. Para ahorrar costes y facilitar la tarea a aquellos ayuntamientos que no puedan crear su propia web, el Gobierno planea utilizar ‘software’ libre y ceder el diseño del programa a aquellas entidades que lo necesiten mediante convenios.

Inventario del patrimonio público

Además, el secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios y Constitucionales, ha asegurado que la nueva norma obligará a las administraciones públicas a hacer inventario de todos su patrimonio, algo que, según ha dicho, algunos de estos entes desconocen cuáles son todos sus bienes, lo que les beneficiará.

En otro momento de su intervención, Ayllón ha destacado las muchas novedades que se van a incluir en el proyecto de ley después de las aportaciones de los expertos que han desfilado por el Congreso y de las propias demandas de los grupos parlamentarios.

En este contexto, ha recordado que, aunque no estaba previsto en el proyecto gubernamental, finalmente la norma afectará a la Casa del Rey, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y aquellas entidades privadas –desde ONG hasta cualquier empresa– cuyo "presupuesto provenga en un parte sustancial de fondos públicos".