Las asociaciones de víctimas de tráfico han pedido en el Congreso que el nuevo Código Penal tipifique las imprudencias que causen heridos o muertos con la graduación que corresponda según la gravedad.

Así lo ha subrayado la directora de la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT), Eugenia Domenec, en nombre de AESLEM, APAT, ASPAYM, FEDACE, PREDIF, DIA y Stop Accidentes, durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso.

Domenec considera que la reforma del Código Penal puede poner en "grave riesgo" las actuales políticas en materia de seguridad vial y en concreto, ve "inadecuada" la despenalización de las "imprudencias leves", especialmente cuando provocan como resultado homicidios imprudentes y graves lesiones a muchos ciudadanos, ya que producirá un "grave prejuicio" para las víctimas de accidentes de tráfico y dejará en el ámbito privado y "puramente económico" las agresiones en la circulación.

En este sentido, denuncia que muchas infracciones deberían ser calificadas como delito y son consideradas faltas y, por tanto, opina que el problema fundamental desde la perspectiva de las asociaciones.

Nueva regulación para los casos de reincidentes

Sobre la reincidencia en los delitos contra la seguridad vial las asociaciones de víctimas propone una nueva regulación para casos de reincidentes y multirreincidentes ya que se está viendo la falta de eficacia práctica de efecto preventivo de las penas impuestas por la comisión de los delitos de riesgo contra la seguridad vial, especialmente en casos de dependencias y adicciones de alcohol y drogas, produciéndose la repetición de las conductas delictivas.

Por ello, entiende que hay que regular la realización de programas de desintoxicación como condición para la suspensión de la pena impuesta y para la recuperación del permiso de conducir.

Asimismo, víctimas de tráfico apuestan por establecer como condición para poder conducir de nuevo un vehículo, tras el periodo de privación del derecho a conducir, la obligatoriedad de instalar en el vehículo y utilizar un ‘dispositivo alcolock’ o similar (para medir el grado de alcoholemia del conductor y bloquear el arranque en caso de superar determinada tasa) o de dispositivos de limitación de velocidad o de una caja negra, según cada caso y circunstancias.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

En relación a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Domenec, en nombre de las víctimas de tráfico, cree que los plazos actuales de tres o cinco días para recurrir distintas resoluciones son plazos "totalmente insuficientes" y se deberán ampliar para que las víctimas puedan ejercer sus derechos con todas las garantías, teniendo la oportunidad de contar con asesoramiento profesional y tomar sus decisiones con toda la información.

En cuanto al auto de sobreseimiento libre, si se aplica sin una mínima instrucción del procedimiento y participación de las víctimas y perjudicados, "como viene siendo habitual", Domenec avisa de que supondría una "total vulneración de los derechos de los ciudadanos y no tiene vuelta atrás".

"Existiendo el auto de sobreseimiento provisional debería ser suficiente, por lo que consideramos que el auto de sobreseimiento libre debería desaparecer o tener una aplicación absolutamente restrictiva, para supuestos en que no existan terceros perjudicados", apostilla.

En cuanto a las nuevas tasas judiciales, las víctimas de tráfico insisten a la hora de solicitar una modificación de la normativa al objeto de introducir la exención de tasas judiciales para garantizar a futuras víctimas su derecho a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos y reclamación de indemnizaciones.

Además, plantea el establecimiento de sus exenciones objetivas para los procedimientos por los que se reclamen indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos con ocasión de accidentes de circulación, o bien una exención subjetiva quedando exentas del pago de las tasas las víctimas de los accidentes de circulación y familiares que reclaman derechos indemnizatorios derivados del siniestro. "Esta exención podría incluirse en la reforma de la Ley sobre asistencia jurídica gratuita", ha apuntado.