Tan solo un día después de la reunión entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los principales responsables de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Cámara Baja dará luz verde a un texto que permitirá a los proveedores de ayuntamientos cobrar sus facturas pendientes.

Para ello, un gran número de entidades financieras, con la colaboración del Instituto de Crédito Oficial (ICO), garantizarán un crédito sindicato por valor de 35.000 millones de euros que las haciendas locales deberán devolver en un plazo máximo de diez años, con dos ejercicios de carencia al 5% de interés.

El Estado avalará a los ayuntamientos que, para poder acogerse a la medida, deberán presentar una relación de facturas pendientes de pago y un plan de saneamiento en el que se recojan las medidas para recuperar la estabilidad financiera. En caso de incumplirlo, el Gobierno podrá retener las transferencias correspondientes.

No obstante, el decreto incluye también medidas polémicas, como el pago preferente a las empresas que hagan quitas de sus deudas. Las comunidades autónomas también contarán con un mecanismo similar.