En su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado, Mato ha afirmado que "la imprescindible protección de los derechos del menor no debe en ningún caso menoscabar la responsabilidad de aquellos que han cometido un delito grave, como tampoco puede hacerlo con el derecho de los padres o tutores a ejercer una necesaria relación de autoridad con los menores".

"Pero la adecuación de las responsabilidades de los menores y su obligado sometimiento a normas elementales de convivencia, no puede en ningún caso lesionar los derechos que le afectan", ha añadido durante su intervención, prevista para desgranar las actuaciones y planes de su gabinete.

La ministra ha reconocido que "se trata de una reforma compleja" y "sin duda laboriosa" que el Gobierno "está dispuesto a realizar en diálogo permanente con la sociedad, con el movimiento asociativo, y con todos los agentes institucionales y sectores sociales implicados".

También en materia de menores, Mato ha señalado que en la actualidad hay "casi 31.000 bajo guarda o tutela de entidades públicas" por lo que su departamento propone "actualizar, agilizar y simplificar los trámites de adopción", teniendo en cuenta las recomendaciones elaboradas en el Senado por la Comisión Especial de estudio de la Problemática de la Adopción Nacional, que la pasada Legislatura redactó un informe al respecto.

Asimismo, ha anunciado que asumirá "plenamente" la proposición no de ley que aprobó el pleno del Congreso el pasado martes 13 instando al Gobierno a reforzar la prevención del acoso por Internet, de manera que promoverá "acuerdos de protección de menores con las diferentes redes sociales, mejorando la seguridad de los datos personales", así como trabajará "intensamente" con los medios de comunicación para "reducir la exposición de los menores a contenidos no aptos".

En materia de familia, Mato ha dicho que el Ejecutivo "ya está trabajando" en el anunciado "plan integral de apoyo" para conseguir una "verdadera política familiar" que implique de forma "transversal" toda la acción del Gobierno; ha reiterado su intención de "mejorar el tratamiento fiscal a las familias con hijos", su afán de "trabajar con insistencia" sobre una "auténtica racionalización de horarios" y de "modernizar" el Consejo Estatal de Familias, a fin de contar con "un verdadero órgano de coordinación" con las asociaciones.

El IRPF lo reparte el Gobierno

Además, ha reiterado su intención de promover "una batería de medidas" para la conciliación de la vida laboral y personal y de aprobar "planes especiales" para la protección de la maternidad, "especialmente" la de las jóvenes en situación de dificultad, "para que tengan más opciones para elegir". Según ha dicho, "la maternidad no puede ser la piedra en el camino" para la vida profesional de la mujer.

Por otro lado, la ministra ha anunciado que el Gobierno "presentará a la mayor brevedad posible" una Ley del Tercer Sector, que "dé un marco de estabilidad y confianza" a las organizaciones de acción social, y ha señalado que va a preparar, en colaboración con las comunidades autónomas, el texto del Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020.

Otro de los asuntos de la Comisión ha sido la Ley de Dependencia. La portavoz socialista Raquel Miriam Andrés ha expresado su "oposición" a la paralización de la incorporación de dependientes y moderados y ha criticado citando el octavo dictamen de la dependencia que, tras las elecciones autonómicas, "comunidades que cumplían con la progresiva implantación de la ley están mostrando una tendencia inversa, como Castilla-La Mancha o Aragón".

"Lo hemos aplazado porque no había manera de financiarlo", ha dicho la ministra, para incidir en que la norma "produce frustración cuando no se desarrolla o no se dota económicamente" y "lo que hay que hacer es sentarse con las comunidades autónomas" y "buscar las fórmulas" para llevarla adelante, como establecer "criterios comunes del coste, primar la asignación de fondos en función del servicio que se preste" o unificar la capacidad económica que se exige a los beneficiarios.

Asimismo, la Entesa y CiU han planteado, entre otros temas, las sentencias del Supremo y el Constitucional que autorizan a Cataluña a gestionar lo recaudado en su territorio con la casilla de fines sociales del IRPF y han pedido a la ministra que se acaten las resoluciones. "El año pasado se deberían haber traspasado a Cataluña 52 millones, pero sólo 29 recayeron a entidades de acción social de Cataluña", ha denunciado la portavoz de CiU, Coralí Cunyat.

Mato ha afirmado que el Gobierno "respeta" la sentencia, pero ha indicado que "todo el colectivo estatal de ONG se ha manifestado absolutamente en contra" porque "creen" que perjudicará tanto la cohesión social como el trabajo que desempeñan, y ha recordado que el mismo TC "reconoce que la actuación del Estado en algunas cuestiones es fundamental". "En ese sentido seguiremos actuando", ha apostillado.