El Gobierno podrá sancionar los incumplimientos de las comunidades autónomas en materia de déficit a partir del mes de mayo, cuando se prevé que entre en vigor definitivamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que este jueves ha pasado su primer trámite parlamentario en el Congreso con el debate de las enmiendas de totalidad.

Según han indicado fuentes ‘populares’ a Europa Press, el próximo martes está previsto que el texto normativo pase a ponencia, donde un grupo de diputados de todas las fuerzas políticas presentes en la Comisión de Hacienda redactarán, a puerta cerrada, un informe en base al texto remitido por el Plenario y a las enmiendas parciales que se acepten de entre las más de 200 que se han presentado.

El documento deberá estar listo a final de semana para que el lunes 9 de abril pueda ser debatido en la comisión del ramo, junto con las enmiendas parciales que aún queden vivas. Tras votar, se emitirá un dictamen, con los cambios que se hayan aceptado, que se remitirá de nuevo al Pleno de la Cámara baja, que lo someterá a consideración el jueves 12.

El texto que se apruebe se remitirá entonces al Senado, que puede interponer un veto, poco probable ante la mayoría absoluta del PP; introducir enmiendas, con lo que el proyecto debería ser votado de nuevo en el Pleno del Congreso; o aprobar el texto en los mismos términos en que le fue remitido, en cuyo caso la ley quedaría ya definitivamente aprobada.

El Gobierno cuenta con que el procedimiento finalice de esta manera, con lo que la nueva normativa de estabilidad presupuestaria podría entrar en vigor ya a principios del mes de mayo. A partir de ese momento "el Gobierno ejercerá todos los controles y pondrá en marcha todos los mecanismos para asegurar que las administraciones públicas cumplen el objetivo de déficit público establecido", según ha indicado el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa.

Ley de Estabilidad Presupuestaria

Hasta entonces, el PP seguirá intentando conseguir el apoyo del PSOE, que en la votación a las enmiendas de totalidad de este jueves se ha abstenido, amenazando con votar en contra de la ley si el Ejecutivo no recupera los términos acordados entre los dos partidos mayoritarios el pasado verano en la reforma constitucional.

Y es que los socialistas consideran que el PP ha modificado el acuerdo, al fijar un límite de déficit estructural a partir de 2020 del cero por ciento en lugar del 0,4% que, dicen, se acordó el mes de agosto pasado. Ahora, esa cifra se reserva para los casos de emergencia o catástrofe natural, y también para los momentos en que se realicen reformas estructurales con impacto presupuestario a lo largo de varios ejercicios.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el proyecto de ley recoge el acuerdo original y traspone el Pacto Fiscal Europeo, por lo que ha pedido "responsabilidad" al resto de partidos para que apoyen una norma que, según ha dicho, servirá a España para ganar credibilidad y emprender la senda de la recuperación económica.

Controlar a lac comunidades autónomas

No obstante, el rechazo de los socialistas no será el único que el PP encuentre en la tramitación parlamentaria de la ley. CiU también ha rechazado el texto en sus términos actuales por considerar que invade algunas competencias autonómicas –queja en la que coincide con otros partidos como PNV, CC, ERC o BNG– y por no tener en cuenta el punto del que parte cada administración autonómica.

Y es que a partir de ahora todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto similar al de la Administración Central, consistente con el objetivo de estabilidad, y el gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.

Además, el incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año y, en caso de incumplimientos, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.

El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta también para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir diferentes convenios, y las sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.

Conocer los presupuestos antes de aprobarlos

Antes de llegar a situaciones de incumplimiento del déficit, la ley también refuerza el principio de transparencia y, por ello, cada administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos. Además, se amplía la información a suministrar para mejorar la coordinación en la actuación económico-financiera de todas las administraciones.

Junto con el límite de déficit, la nueva ley fija en un 60% del PIB la deuda máxima que podrán tener el conjunto de las administraciones públicas –13% para las comunidades autónomas–.

Para conseguir estos objetivos, el proyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.

En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

El proyecto de ley contempla la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto. Esta exigencia es uno de los puntos más criticados por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y por otras formaciones minoritarias (Geroa Bai, CC, ERC o BNG), que rechazan la falta de adaptación de la ley a la situación de cada región y que se dé prioridad al déficit cero por encima de la recuperación económica o la creación de empleo.