"Hoy aprobamos un mínimo común denominador para todos los ayuntamientos, pero las comunidades autónomas pueden ir ampliando y desde luego el Gobierno irá revisando su entrada en vigor y su funcionamiento para poder ir generalizando este sistema", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha explicado, esta iniciativa está pensada en un primer momento para establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, si bien el Gobierno estará "muy pendiente" de su funcionamiento para poder ampliarla a locales mayores y a otro tipo de actividades de las previstas en el Real Decreto-Ley.

La vicepresidenta ha destacado que se trata de una medida que busca cambiar la cultura administrativa, liberalizar el comercio, simplificar los procedimientos, agilizar los trámites y acabar con la burcocracia, pero sobre todo, según dijo, apoyar a todos los emprendedores que, en estos momentos de crisis, deberían tener la "alfombra roja" de la Administración para abrir y no dificultades para poder sacar adelante su negocio y sus puestos de trabajo.

Actividades afectadas

En base a la clasificación nacional de actividades económicas, el ámbito de aplicación de esta norma se extiende en el comercio minorista, entre otros, a alimentación, frutería, carnicería, pollería, charcutería, pescadería, panadería, pastelería, heladería, tiendas de caramelos, bodegas y autoservicios de alimentación.

A ellas se suman el textil confección y hogar, peletería, herbolario y parafarmacia, perfumería, droguería, equipamiento del hogar, muebles, aparatos electrónicos, ferretería, material de construcción y saneamiento, bricolaje, venta de automóviles y accesorios, óptica, ortopedia, instrumentos musicales, antigüedades, librería, papelería, juguetería, joyería y plantas.

En la pequeña industria artesanal, están incluidas las actividades vinculadas al calzado y textil, mientras que en las actividades de servicios se incluyen agencias de viaje, actividades de promoción inmobiliaria, reparación de ropa y zurcido, reparación de calzado, peluquerías, institutos de belleza y estética, servicios de fotocopias y servicios de enmarcación.

Quedan excluidas las actividades que tengan impacto justificado y proporcionado en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de servicio público.

La nueva normativa sustituye el procedimiento de solicitud de licencias municipales a priori que obligaba a esperas de hasta 24 meses para iniciar la actividad por un régimen de presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas a la actividad, facilitando el inicio y desarrollo de este tipo de negocios en particular y la actividad económica en general.

España ocupa el puesto 133 en una lista de 183 países en función de los trámites que es necesario cumplimentar para abrir un negocio según el estudio Doing Bussiness 2012 que elabora el Banco Mundial. Las cifras aportadas por la OCDE ponen de manifiesto que España es el segundo país de Europa donde más trámites es necesario cumplimentar para crear una empresa.

"Estamos en muy mala situación a la hora de dar oportunidades para abrir negocios", ha señalado la vicepresidenta, que ha explicado la nueva situación con el "caso práctico" de una zapatería.

Caso práctico para abrir una zapatería

El "periplo" hasta ahora, según ha detallado, contemplaba que el promotor del negocio hacía determinadas obras y pedía las licencias, los inspectores analizaban si se cumplían todas las ordenanzas, el comerciante pagaba los impuestos y "una vez tramitado todo el expediente y cuando se notificara, podría abrir".

"Ahora no va a depender ese tiempo de la administración, decido abrir la zapatería, sé que tengo que cumplir una serie de requisitos, voy con una declaración responsable, pago mis impuestos y al día siguiente abro, que luego vendrán inspectores para ver si se cumple", agregó, antes de subrayar que, de este modo, el empresario no tiene que estar "pagando el alquiler y con zapatos que se están pasando de moda esperando la licencia".

Se trata de una medida de apoyo a un sector económico que aporta el 5% al Producto Interior Bruto (PIB), emplea a 1,8 millones de trabajadores, con unos 600.000 locales y 435.000 empresas.