Según la sentencia, el propietario, condenado por un delito continuado de coacciones, realizó actos para "perturbar" a la inquilina de sus derechos y disfrute pacífico de su vivienda como desentenderse del estado y conservación del edificio, tolerar la presencia de ‘okupas’, dejar de pagar el suministro de agua y negarse a cobrar la renta durante 14 años para que la desahuciaran.

Rosa T., que vive en ese domicilio desde que nació y tiene una tienda de cestos, interpuso la primera denuncia en 1999 donde ya ponía de manifiesto que no se estaban efectuando las obras correspondientes y que estaba en peligro su propia integridad física y la de los peatones, con lo que con esta sentencia se termina una larga y constante batalla.

Según el juez, los numerosos procesos judiciales y administrativos que ha tenido que aguantar la inquilina –acudía casi una vez por semana a presentar quejas al Ayuntamiento– "han mermado su salud psíquica, padeciendo actualmente un cuadro ansioso y depresivo", como también afirmaron algunos vecinos durante el juicio que tuvo lugar el 20 de junio en la Ciudad de la Justicia.

Además, hace hincapié en las desigualdades del conflicto, ya que, mientras el propietario tenía una experiencia de 50 años como administrador de fincas, la arrendataria "es una señora de edad que no tiene estudios ni preparación, sólo la básica para regentar su negocio de mimbres", reza el fallo.

Boom inmobiliario

El juez considera que el propietario, José Ramón B., de 72 años, aprovechó que la inquilina era la única que quedaba en el edificio para, con el fin de obtener un mayor rendimiento de la propiedad, "derrumbarla y construir una nueva finca, ello en pleno boom inmobiliario", aunque pidió permiso al consistorio sin avisar ni siquiera que aún quedaba una inquilina.

La mujer declaró ante el juez que vive sin agua desde hace siete años, cuando le cortaron el suministro, por lo que tiene ducharse cuando va al gimnasio o en casa de sus familiares, e ir a buscar agua con garrafas a la fuente más cercana, aunque le duele mucho la espalda, por lo que el juez ha considerado que sufrió "graves problemas de higiene y salubridad".

José Ramón B. justificó durante la vista que Agbar cortó el suministro de agua de la finca porque la mujer dejó de abonar la factura correspondiente, aunque el juez ha dado por válida la versión de la acusación particular de que la factura que le hacía pagar –186 euros por tres meses– no correspondía al consumo real, puesto que no había contadores y se pagaba un canon fijo pensado para el gasto de las cinco familias que antes vivían en el edificio.

La víctima, que toma antidepresivos y medicamentos para dormir a raíz de este conflicto, detalló los problemas que ha sufrido desde que el actual propietario adquirió al finca en 1985: desde desprendimientos de los balcones y goteras, pasando por grietas en las paredes, tener la cocina apuntalada durante años, y abasteciéndose de agua de la fuente más cercana, aunque no puede caminar bien.

También relató que el propietario la amenazó con palabras como que "robaba la comida de sus hijos" y que se iría de allí quisiera o no, sin ofrecerle ningún tipo de contraprestación, como mantuvo el acusado ante el juez.