En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado la remisión al Congreso del proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social, Sáenz de Santamaría ha destacado que, tras esas actuaciones, la Inspección descubrió 3.211 infracciones cometidas por empresas que emplean a parados beneficiarios de la prestación, un 26,7% más.

En él ambito del empleo irregular, la vicepresidenta ha explicado que se realizaron entre enero y junio 112.480 inspecciones en este campo, lo que ha permitido aflorar 39.887 puestos de trabajo, un 13% más.

Sáenz de Santamaría ha resaltado además que se realizaron 11.753 inspecciones para destapar empresas ficticias creadas para cobrar prestaciones de todo tipo, ámbito en el que se han descubierto 809 infracciones, un 537% más, mientras que los contratos de trabajo simulados que fueron anulados ascendieron a 14.376, un 117,8% más que en los seis primeros meses de 2011.

La vicepresidenta ha subrayado que el fraude laboral es "una lacra" que perjudica la recaudación y, por tanto, a los servicios públicos básicos, que viven de los ingresos de las arcas públicas. "Aquí no se defrauda sólo al fisco, sino que se defrauda a la ciudadanía", ha enfatizado.

"Un país gana credibilidad cuando los ciudadanos cumplen con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social", ha dicho la vicepresidente, que ha insistido en que hay que acabar con la visión "tolerante" frente al que defrauda y "se considera más listo que nadie" por burlar a las administraciones públicas no pagando sus impuestos o cobrando el paro a la que vez que se trabaja.

"Esto no es admisible en ningún momento pero menos en un momento de crisis, en el que se están pidiendo grandes esfuerzos a los ciudadanos", ha afirmado Sáenz de Santamaría, que ha hecho hincapié en que se va a actuar de manera contundente contra los defraudadores.

Objetivos

Con esta Ley se impulsará el afloramiento del empleo irregular, con el consiguiente efecto regularizador de las condiciones de trabajo, y la generación de recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social por el pago de las cotizaciones sociales.

Por ejemplo, corregir la obtención y el disfrute fraudulentos de las prestaciones por desempleo, especialmente en los casos en que se crean empresas ficticias, sin actividad económica real y con el único objetivo de permitir la percepción ilegal de prestaciones públicas fundamentalmente de desempleo.

Asimismo, se reforzará el control de otras situaciones fraudulentas, como falta de alta en la Seguridad Social de trabajadores que prestan servicios en las empresas,  en el acceso y percepción de otras prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.

Por último, se combatirá la aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

Modificaciones normativas

El proyecto incluye una modificación del Estatuto de los Trabajadores para aumentar a tres años la exigencia de responsabilidad solidaria por cuotas a la Seguridad Social dejadas de ingresar por las contratas y subcontratas de obras y servicios, mejorándose de esta forma la garantía de los ingresos de la Seguridad Social. .

También modificará la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de la Ley General de la Seguridad Social para facilitar las actuaciones de la Inspección en cuanto al acceso a bases de datos, como es el índice único notarial, a ampliar el plazo de duración de las actuaciones comprobatorias, lo que permitirá investigar supuestos de fraude especialmente complejos, y a evitar que no resulte más beneficioso el incumplimiento de una norma que su sanción.

Las modificaciones que afectan a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social permitirán establecer especiales o mayores sanciones en aquellos supuestos fraudulentos que afecten a una pluralidad de  trabajadores y supongan una disminución de los ingresos de la Seguridad Social, comportamientos que además serán coordinados con el Ministerio Fiscal de acuerdo con las modificaciones que también se introducen en el Código Penal, o permitan el acceso indebido a las prestaciones por desempleo, con la utilización ilícita de suspensiones de contratos o de reducciones de jornada en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

En este supuesto, la conducta podré ser sancionada en una cuantía que va desde 6.251 euros a 187.515 euros.

Se incrementa la cuantía de las sanciones en aquellas situaciones de economía irregular que afecten a un grupo de trabajadores, procediendo su incremento de forma proporcional al número de empleados sin afiliar o dar de alta en la Seguridad Social así como solicitantes o beneficiarios de prestaciones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena.

Se elimina el límite de sanciones del Consejo de Ministros

Hasta ahora, el Consejo de Ministros sancionaba infracciones de más de 125.000 euros y hasta una cuantía máxima de 187.515 euros. Con la modificación propuesta se elimina este límite, pudiendo imponer sanciones superiores.

Se establece que la reducción automática de las sanciones para actas de liquidaciones sólo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía de la liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente.