La directiva tiene como objetivo garantizar que –sea cual sea el delito (atraco, robo, violación, acoso, terrorismo o tráfico de seres humanos) y se cometa donde se cometa dentro de la UE– las víctimas tengan los mismos derechos básicos en los procedimientos penales, sean tratadas con respeto y dignidad y protegidas de una nueva victimización, y tengan acceso a servicios de apoyo a las víctimas, justicia y compensación.

A petición de la Eurocámara, todas las víctimas recibirán una evaluación individual de sus necesidades específicas. Basándose en características personales como la edad, el género, la etnia, la religión, la orientación sexual o el tipo de delito, la directiva señala que cualquier víctima podría tener necesidades de protección que deben reconocerse.

La norma obliga a los Estados miembros a asegurar que las víctimas y sus familiares tengan acceso gratuito y confidencial a servicios de apoyo a víctimas, independientemente de dónde se produzca el delito. También deben ponerse en marcha servicios específicos para víctimas con necesidades particulares, como las de violencia de género o los niños.

La directiva también establece que debe haber disponibles servicios de interpretación y traducción para que las víctimas puedan informar de un delito o participar activamente en los procedimientos penales en una lengua que entiendan, además de recibir información adecuada sobre sus derechos y de su caso.

La norma se centra en el "trato" que se ofrece a las víctimas de los delitos y no aborda el problema de las compensaciones que los agresores a sus víctimas, una cuestión que la Comisión Europea examinará como un "segundo paso", según ha explicado la comisaria de Justicia, Viviane Reding, la promotora de la directiva.

La nueva normativa también prevé el trato con respeto por parte de policías, fiscales y jueces que traten con las víctimas y garantizar que tienen la formación adecuada para ello, así como garantías de protección para la víctima mientras la policía investiga el crimen y durante el proceso judicial.

Bruselas evaluará efectividad de cambios

La Comisión Europea, que evaluará la efectividad de los cambios y si existen lagunas en la normativa en un primer informe tras los primeros cinco años de su aplicación, deja claro en todo caso que la normativa prestará "especial atención a las víctimas más vulnerables", como las mujeres víctimas de violación o los menores de edad y también prevé medidas especiales para que "las víctimas no lo sean por segunda vez y primero se atiendan sus derechos". Bruselas, ha advertido Reding, "vigilará a los Estados miembros para que la ley se traduzca en derechos efectivos".

Reding ha asegurado que la nueva directiva son "buenas noticias para los ciudadanos" para garantizar derechos a "todas las víctimas" y ha dejado claro que espera que los Estados miembros incorporen las nuevas normas en sus legislaciones "de forma prioritaria" para "abordar las necesidades de millones de de europeos y sus familias que han sido víctimas de un crimen estando de vacaciones cada año". Alrededor de 75 millones de personas son víctimas de delitos cada año en suelo comunitario, según estimaciones del Ejecutivo comunitario.

"La pelota está ahora en el tejado de los tribunales de los Estados miembros para poner en práctica sobre el terreno estos nuevos derechos. Les pido que pongan rápidamente sus legislaciones nacionales en línea con la nueva directiva de la UE para que todas las víctimas sean tratadas con respeto, sean informadas adecuadamente y reciban el apoyo correcto", ha explicado la comisaria en un comunicado.

Los Estados miembros y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre la directiva, propuesta por Bruselas en mayo de 2011, el pasado mes de junio tras intensas negociaciones. El pleno de la Eurocámara aprobó formalmente la directiva el pasado 12 de septiembre por 611 votos a favor, 9 en contra y 13 abstenciones, mientras que los Estados miembros lo hicieron el 4 de octubre.

La eurodiputada del Partido Popular y ponente de la propuesta en la comisión europarlamentaria de Libertades Civiles, Teresa Jiménez-Becerril, confió en que los cambios introducidos servirán para armonizar los derechos y destacó que la nueva directiva será "muy importante para recuperar la confianza de las víctimas en el sistema judicial" cuando la Eurocámara dio su visto bueno.