La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai han apoyado a los socialistas en esta iniciativa. En cambio, CiU, que tiene implantada en Cataluña la medida del euro por receta, ha decidido abstenerse, junto con el PNV. Finalmente, PP, UPN y Foro de Asturias han votado en contra de la misma.

El encargado de defender la moción, consecuencia de la interpelación que debatió a finales de noviembre con la titular del ramo, Ana Mato, el socialista José Martínez Olmos, ha reiterado que "Ana Mato es una ministra ausente e indolente" y que no está capacitada para dirigir su cartera ministerial.

En aquel debate Mato avanzó que en los últimos cuatro meses se ha conseguido reducir el gasto farmacéutico en 803 millones de euros, con la introducción del nuevo sistema de copago y la desfinanciación de más de 400 medicamentos.

En este sentido, el PSOE ha aprovechado el debate de la moción para ‘autoenmendarse’ e incluir en la votación la supresión del copago establecido en el decreto del pasado 30 de noviembre por el que habrá que pagar aquellos medicamentos que sean dispensado en los hospitales.

Además, ha aceptado las enmiendas presentadas por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que, entre otros puntos, sugerían que se repusiera "con urgencia" la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, que se garantizase la atención pública y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, y que se suprimiera la tasa por la expedición o renovación de la tarjeta sanitaria.

Una asistencia sanitaria universal

La moción recogía también la petición al Gobierno para que se reconozca el derecho a la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos a todas las personas, por razón de ciudadanía, así como una "paralización de inmediato" de la privatización de servicios sanitarios públicos que se está produciendo en determinados servicios regionales de salud.

De igual forma, pedía el aseguramiento de la prestación farmacéutica en el sistema sanitario, evitando que situaciones de impago a oficinas de farmacia pongan en riesgo la accesibilidad a los medicamentos, para lo que proponía que los sistemas de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas deberán tener entre sus prioridades garantizar el pago a las oficinas de farmacia", según solicita.

Igualmente, quería que se restableciera la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), sin previsión de copago por parte de los usuarios excepto en la prestación farmacéutica, de la que se excluirá a pensionistas y parados de larga duración sin prestación económica.

De la misma manera, deseaba que se presentase, en el plazo de un mes, un proyecto de ley que garantice la naturaleza pública de la financiación, la provisión y la gestión de los servicios de salud e impidiera que en la prestación de servicios sanitarios no se dé la calidad asistencial necesaria y no se respeten los derechos de los usuarios, derogando la Ley de Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

Por último, consideraba necesaria la presentación, en el plazo de un mes, de un sistema común y vinculante para asegurar la devolución del dinero que los pensionistas pagan por encima del tope establecido en el copago farmacéutico en aquellas comunidades en que esto ocurre.