Los ‘populares’ se hacían eco con esta propuesta de la denuncia de varios empresarios desde la entrada en vigor hace un año de la nueva Ley de Morosidad, que obliga a las Administraciones a reducir los plazos para pagar a 30 días en 2013, con escalas intermedia de 50 para el presente año y de 45 para el próximo, si bien la cuenta empieza desde la emisión de la factura.

Por ello, según los proveedores, ayuntamientos, comunidades autónomas y también la Administración Central retrasan la entrega de este movimiento con el objetivo de retrasar el abono de la deuda sin infringir la norma, que el PP exige al Gobierno "cumplir y hacer cumplir".

La iniciativa recuperaba otras propuestas que el PP lleva defendiendo desde el inicio de la crisis, como que sólo se tribute por el IVA de las facturas verdaderamente cobradas, así como establecer un sistema de compensación similar a la cuenta tributaria "para cualquier tipo de deuda reconocida por las Administraciones Públicas".