El lehendakari, Patxi López, presentará el contenido del proyecto de ley en el primer Consejo de Gobierno tras el verano que, como es habitual, se celebrará en el Palacio Miramar de San Sebastián.

El borrador del Anteproyecto de Ley fue remitido en octubre del año pasado a las tres diputaciones forales, a la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), y a otras entidades y organismos, que posteriormente han presentado sus alegaciones. Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, el proyecto de ley será remitido al Parlamento vasco, donde iniciará su tramitación.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Presidencia, el texto que se aprobará este martes "no incluye grandes variaciones" respecto al anteproyecto de Ley presentado por el Ejecutivo.

El anteproyecto de ley recoge una modificación "puntual" de algunos aspectos de la Ley de Territorios Históricos (LTH) para incluir la participación directa de los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas en aquellas cuestiones que les afecten directamente.

De esta manera, los municipios contarán con tres representantes que serán propuestos por la asociación de municipios más representativa, que provengan de los tres partidos más votados en las últimas elecciones municipales.

Se establece además un régimen de mayorías, según el cual los acuerdos que se adopten en el Consejo Vasco de Finanzas deberán obtener la mayoría absoluta, si bien deberán contar con al menos un voto de cada una de las instituciones representadas -gobierno, diputaciones y ayuntamientos-.

El texto también pretende introducir lo que ha denominado "criterios armonizadores" en la financiación municipal, para permitir que los ayuntamientos estén presentes en el seno del Consejo Vasco de Finanzas a la hora de decidir la cuantía de los fondos que se destinan a la financiación municipal, y que hasta el momento es fijada por las diputaciones forales.

RECOMENDACION FISCAL

El Consejo Vasco de Finanzas establecerá, con carácter de "mera recomendación de política fiscal", los criterios para el reparto que serán esencialmente iguales para todos los Territorios Históricos. Una vez establecida esta cuantía, será cada una de las diputaciones la que establezca cuánto se destina a cada municipio de su Territorio Histórico.

Asimismo, el texto pretende conseguir una mayor "clarificación competencial", para establecer quién es el competente en una determinada cuestión y cuál es el nivel competencial que pueden ejercer los ayuntamientos. En este sentido, los ayuntamientos podrán ejercitar todas aquellas materias que no estén expresamente atribuidas a ningún otro nivel competencial, salvo los que ya recoge la ley básica.

Por otro lado, con este anteproyecto el Gobierno renuncia a establecer un reglamento orgánico en cuanto a procedimientos a seguir por los municipios, siguiendo el principio de "mínima intervención".