La Ley del Sector Público recogía que entre los miembros del consejo de administración de las empresas que forman el sector público balear tenía que haber un representante de la Abogacía de la comunidad con voz y voto.

No obstante, el Grupo Popular ha alegado que este punto suponía una incompatibilidad establecida en la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Esta norma señala que el personal de los entes públicos no puede pertenecer a más de dos de los consejos de administración u órganos de gobierno de las empresas públicas.

Por ello, el Grupo Popular ha impulsado esta modificación, aprobada mediante un decreto ley, alegando que esta incompatibilidad debía ser solventada por esta vía al darse una situación de "necesidad extraordinaria y urgente".

Sin embargo, los grupos del PSIB y del PSM-IV-ExM se han opuesto a esta modificación por la forma, al haber sido aprobada por decreto ley de manera injustificada a su parecer, y por el contenido de la misma, puesto que opinan que de esta manera se merma la garantía de independencia que pretende trasladar la Ley del Sector Público.

Así, la diputada del PSIB Lourdes Aguiló ha considerado que este decreto ley "no tiene ningún tipo de justificación" porque no creen que este punto tenga que ser modificado por la vía de "urgencia" y por "el interés general", tal y como ha argumentado el Grupo Popular para justificar que se modifique con un decreto ley. Por ello, la socialista ha afirmado que este decreto es "inconstitucional" en cuanto a la forma.

Además, ha subrayado que al quitar la posibilidad de voto a los representantes de la Abogacía de la comunidad se resta peso a la garantía de "objetividad" e "imparcialidad" de la ley. Asimismo, la parlamentaria ha añadido que la Ley de incompatibilidades del personal público incluye una excepción por la cual dichos empleados podrán formar parte de más de dos consejos de administración si el Consell de Govern así lo autorizaba expresamente.

En la misma línea se ha expresado el diputado del Grupo del PSM-IV-ExM por Menorca Nel Martí, quien ha asegurado que con esta modificación se resta "protagonismo" y "peso" a los abogados de la comunidad dentro de los entes públicos. Asimismo, ha agregado que, de este modo, en los órganos de dirección de las empresas públicas gana importancia el perfil "político" en detrimento del "técnico".

El nacionalista también ha considerado innecesario aprobar esta modificación mediante un decreto ley al considerar que no es urgente y se ha preguntado si ésta es la "verdadera razón" que ha llevado a los ‘populares’ a impulsarla. Tampoco lo justifican por una cuestión de incompatibilidad, puesto que podría haberse evitado este aspecto mediante otra fórmula, ha apostillado.

Además, ha explicado que con la retirada del voto no se evita la situación de incompatibilidad, ya que ésta viene derivada de su función de asesoramiento en los órganos de dirección y no únicamente por tener capacidad de decisión en los mismos.

Así, ha dicho que la "incompatibilidad es una mala excusa para justificar la urgencia y para romper el consenso" alcanzado en la aprobación de la Ley del Sector Público. "Si no hay justificación ni urgencia lo que queda es precipitación, irresponsabilidad y menosprecio a este Parlament", ha aseverado.

Al respecto, el diputado del Grupo Popular Miquel Àngel Jerez ha sentenciado que los grupos del PSIB y el PSM-IV-ExM (que en la anterior legislatura formaban el Pacte de Govern) no tienen autoridad para criticar al actual Govern que actúe "a golpe de decreto" ya que esta misma fórmula fue utilizada en diversas ocasiones durante el pasado mandato.

Asimismo, Jerez ha instado a los grupos de la oposición a acudir al Tribunal Constitucional si consideran que este decreto ley es "inconstitucional", a lo que Martí le ha contestado que se puede utilizar esta vía si está justificada y tiene fundamento, si bien ha remarcado que esta modificación no lo tiene.

Cabe señalar que el Estatuto de autonomía balear prevé que el Consell de Govern puede dictar medidas legislativas provisionales en forma decreto ley cuando concurran las circunstancias de necesidad extraordinaria y urgente.