La colaboración privada de auditoría se produce ante la "carencia" de efectivos "suficientes" para cumplir con su obligación en el plazo previsto y por "razones de eficiencia técnica y organizativa", según recoge la orden ministerial.

Los auditores del sector privado podrán ser contratados por un plazo superior a un año en el caso de trabajos de control o auditoría cuya realización por la IGAE tenga carácter "periódico y recurrente", destacó en un comunicado el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

La Intervención General realiza anualmente la auditoría de las cuentas anuales de los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y los fondos que rindan cuentas independientes, entre otros.