De esta manera, se acelerará la resolución de las demandas presentadas por las dificultades o demoras que sufren las solicitudes de estas ayudas, derivados de los problemas surgidos en la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad de las personas que requieren esta prestación.

La jurisdicción social es la sede adecuada para tramitar estos litigios porque es "más ágil, más próxima y de más fácil acceso" que la jurisdicción contencioso administrativa, además de más económica", según explicó durante su primer paso por el Congreso el portavoz de CiU en la materia, Jordi Jané.

CAMBIOS MUY IMPORTANTES

Desde el PSOE, se destacó que este nuevo texto recoge enfoques y cambios "muy importantes" desde la perspectiva de la mejor defensa de los derechos de los trabajadores frente a los empresarios, y su defensa también ante los servicios públicos que gestionan las prestaciones a que tienen derecho, sea la Seguridad Social, el INEM, o cualquier otro.

"Ofrecer una mayor y mejor protección a los trabajadores y beneficiarios de prestaciones sociales públicas agilizando los procesos, equilibrando la protección y tutela de los distintos intereses en conflicto y protegiendo mejor a los trabajadores frente a los accidentes laborales", comentó el ponente del PSOE, Manuel de la Rocha.

Es más, considera que el proyecto de ley mejora la legislación actual y tiene como objetivo que el Juez de lo Social sea de verdad el juez natural de los conflictos individuales y colectivos que surgen como consecuencia de las relaciones laborales, así como de la protección social pública.

En concreto, indicó que se trata de impulsar un procedimiento ágil y rápido que resuelva en corto espacio de tiempo cuestiones que afectan a la subsistencia del trabajador y su familia, y también a la seguridad y competitividad de las empresas.