Así, respecto a la medida de la previsión de compensación y de priorización de deudas a los emprendedores, el dictamen del Consejo reconoce "la voluntad del Gobierno de favorecer y apoyar a los emprendedores", pero considera que "parecen exceder del ámbito competencial atribuido a la Junta de Comunidades".

En esta línea, se explica que la compensación es un mecanismo de extinción de deudas tributarias que se regula en la legislación estatal sobre la materia con carácter común para todas las Administraciones Públicas y que la priorización de pagos está ligada a competencias del Estado.

Además, añade que como estos preceptos afectan a cuestiones de recaudación y gestión de pagos de la Administración regional, deberían haber sido informados por la Consejería de Economía y Hacienda.

CREACIÓN DE EMPRESAS

El Consejo también incide en la limitación que tiene la Junta en la regulación referida a la documentación y el procedimiento de creación de empresas, que "por ser sustancialmente aspectos de competencia estatal, impiden la consecución de objetivos tan ambiciosos como los que apunta la Exposición de motivos de la norma".

En relación a la ‘simplificación administrativa’ aludida en al Título II del Anteproyecto, el CES señala que "no materializa en la práctica la simplificación de ningún trámite procedimental concreto sino que realiza una simple llamada a la utilización de sistemas telemáticos o la futura agilización de trámites (sin concretar en este caso ni el órgano competente para hacerlo ni el procedimiento de realización)".

ASPECTOS MEJORABLES

En otro orden de cosas, el Consejo aprecia en la Ley aspectos que podrían ser mejorados al objeto de favorecer la certeza y la seguridad jurídicas, citando concretamente la definición que se hace de "emprendedor".

Otra cuestión mejorable a juicio del CES es la regulación del denominado ‘Observatorio Regional de Mercado’, ya que existe una contradicción entre dos artículos, ya que en uno se define como ‘órgano’ y en otro como ‘unidad administrativa’.

El dictamen del CES echa en falta asimismo "la regulación de los aspectos básicos del nuevo órgano", como su estructura, sus miembros, qué órgano administrativo ha de proceder a la designación de estos miembros. Para el Consejo, "en última instancia, las competencias del Observatorio han de citarse con carácter taxativo en un único artículo y no dispersas en preceptos a lo largo del texto, como ahora sucede".

Sobre los Puntos de Activación Empresarial, el CES señala que si son ‘órganos administrativos’ la Ley debe disponer su creación o remitir a la normativa que los haya creado. En esta línea, considera que habría que determinar "si estos Puntos sustituyen, complementan o refuerzan otros órganos administrativos ya en vigor", como son los Centros de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) y los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT).

Respecto a los preceptos referidos a las actividades de prevención de riesgos laborales en los autónomos y las Pymes, el CES afirma que "creemos que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas que deberían plantearse con cierta coherencia y sistemática con las que ya se encuentran en vigor" y recomienda que se aproveche la Ley 10/2010 de Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Castilla-La Mancha "para introducir en ella los cambios que se juzguen oportunos a fin de atender a las posibles especificidades que presente la "cultura de la prevención" en relación con los autónomos y las Pymes".

FALTAN INFORMES

Desde el punto de vista formal, el Consejo, echa en falta en la tramitación de esta normativa una serie de informes o dictámenes que han de tener carácter preceptivo, como son los correspondientes al Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, puesto que el Anteproyecto pretende introducir medidas que afectan a desarrollos curriculares del sistema educativo; o del Consejo de Relaciones Laborales, ya que se alude a la prevención de riesgos laborales.

También considera que "el Gobierno debe asegurarse que éste o cualesquiera otros proyectos normativos vengan acompañados del correspondiente proceso de negociación y consenso con los agentes económicos y sociales de la región"

En cualquier caso, el CES valora que el Gobierno de María Dolores de Cospedal "busque conjurar las amenazas y debilidades que aquejan hoy a nuestro sistema productivo".