El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el nuevo sistema de multas de hasta el 0,2% del PIB, que en el caso de España supondrían 2.000 millones de euros, a los países de la eurozona con déficit y desequilibrios excesivos.

El refuerzo de las sanciones ha salido adelante con el respaldo de los conservadores y los liberales, mientras que los socialistas y el resto de grupos de izquierda han votado mayoritariamente en contra por considerar que se trata de "un pacto de austeridad que se basa en recortes y sanciones" y no deja margen de maniobra a los Estados para el "gasto inteligente" que estimule el crecimiento.

El presidente de la Eurocámara, Jerzy Buzek, se ha felicitado por el resultado de la votación por considerar que las nuevas reglas crean "una armadura poderosa y resistente frente a futuras crisis". La reforma será ratificada por los ministros de Economía de la UE el 4 de octubre y podría empezar a aplicarse a principios de 2012, según dijo el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn.

La Eurocámara ha logrado durante las negociaciones que la apertura del proceso sancionador contra los países incumplidores sea más automático, siguiendo la propuesta de la Comisión, y deje menos margen de maniobra política a los ministros de Economía de la UE. Se trata de evitar lo ocurrido en 2003, cuando Alemania y Francia frenaron las sanciones que reclamaba el Ejecutivo comunitario y dinamitaron el Pacto de Estabilidad.

Así, los expedientes contra los Estados miembros que no respeten los objetivos de estabilidad presupuestaria se lanzarán de forma automática, a propuesta de Bruselas, salvo que una mayoría simple de países (es decir, 9 de los 17) se oponga. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, ha admitido que este mecanismo supone una mejora importante respecto a las pretensiones de los Gobiernos.

Una vez iniciado el expediente sancionador, las siguientes fases sí serán prácticamente automáticas, ya que se necesitará una mayoría cualificada de Estados miembros para tumbar las propuestas de multa de la Comisión.

Las nuevas sanciones se activarán en una fase temprana para prevenir que los problemas se agraven. Si un país no realiza los ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario, la UE le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0,2% de su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit se le retendrán los intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno afectado no ha tomado las medidas exigidas para corregir el déficit.

Aparte de endurecer el procedimiento por déficit excesivo, la norma crea un nuevo expediente sancionador por desequilibrios excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0,1% del PIB (en el caso de España, 1.000 millones de euros) para los países de la eurozona que no adopten las medidas recomendadas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.

En virtud del acuerdo entre Parlamento y Gobiernos, también queda claro que la Comisión Europea tendrá capacidad para supervisar a países como Alemania y Países Bajos que tienen un superávit por cuenta corriente excesivo.

Además, la Eurocámara podrá "invitar" a los ministros de Economía de los países sujetos a recomendaciones de Bruselas para que comparezcan ante ella, pero en todo caso no estarán obligados.