La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que se mantiene activo tras la disolución de las Cortes, ha convalidado el decreto ley que crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito con los votos del PSOE y CC y las abstenciones de PP, CiU y PNV, mientas que ERC-IU-ICV y BNG votaron en contra

Asimismo, también ha dado luz verde al decreto relativo a la concesión de suplementos de crédito a distintos ministerios, gracias a las abstenciones de PP, CiU y PNV, mientras que ERC-IU-ICV y Mixto (cuya portavocía corresponde al BNG) han votado en contra.

En este órgano del Congreso, compuesto por 51 diputados que sustituyen al Pleno de la Cámara, el PSOE contaba con 24 votos, frente a 17 del PP y dos por cada uno de los grupos restantes. De esta forma, los socialistas han podido sacar adelantar sus propuestas gracias a las abstenciones.

Salgado ha asegurado que con la creación del nuevo Fondo, España se coloca a la "vanguardia" de los planes europeos para crear un Fondo común que haga frente a los problemas de la banca, pero ha centrado su intervención en explicar la posición española ante la Cumbre Europea de este fin de semana y en la recapitalización de las grandes entidades europeas, que "no es, ni con mucho el punto más importante".

Así, no ha escatimado críticas al PP, al que ah acusado de "pasar de decir que sería estupendo recapitalizar todas las entidades, incluso las más pequeñas" a negarse a que, de manera homogénea, se establezca un mayor ratio de capital a las grandes entidades de la zona euro.

EL PP DEFIENDE SU "CRITERIO".

El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, ha replicado que no se ha llegado al final de la reestructuración bancaria en España, porque queda pendiente el "saneamiento" del sistema financiero, en especial "de los activos inmobiliarios", y este decreto sólo busca hacer ajustes contables para reducir la presión sobre el FROB.

No obstante, Montoro ha justificado su abstención para "proyectar una imagen" adecuada ante la Cumbre Europea del domingo, y ha replicado a las críticas de Salgado que la oposición "tiene un criterio propio y mucho más acertado que el suyo", llegando a acusar al Gobierno socialista de hacer a España "vulnerable" ante la crisis del euro por la indefinición de sus propuestas.

"La democracia es tener una alternativa de Gobierno capaz de dar explicaciones a la sociedad española, en especial en las conversaciones europeas", ha reclamado el dirigente ‘popular’ entre los aplausos de su bancada.

CIU Y PNV CRITICAN LA NEFASTA GESTIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA.

El representante de CiU Jordi Jané ha censurado la forma en que el decreto ley trata las aportaciones porque no es adecuada y se debería haber aplicado desde un primer momento la variable del perfil de riesgo de la entidad, sin esperar a que Bruselas regule al respecto, y ha recriminado también los fallos del Banco de España a la hora de impedir el "desaguisado global" en la reforma de las cajas.

En una línea similar, el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, ha asegurado que de la "nefasta gestión" del regulador también se ha derivado la necesidad de crear y dotar el FROB para gestionar el proceso de recapitalización y saneamiento de las entidades.

Sin embargo, los nacionalistas también se han abstenido para evitar lanzar un mensaje negativo a los mercados en un momento en que se aborda el debate sobre una recapitalización a nivel europeo.

"ALARMAS SOCIAL" POR LAS RETRIBUCIONES EN LAS CAJAS.

Tampoco ha escatimado críticas al proceso la representante de Coalición Canaria, pese a que se ha convertido en el único apoyo del Grupo Socialista. A su juicio, la recapitalización de bancos y cajas es "necesaria" aunque sea "muy incómoda" para las entidades, pero ha pronosticado que el dinero previsto para el fondo va a ser "insuficiente".

Por su parte, los representantes de ERC, IU y BNG, Joan Ridao, Gaspar Llamazares y Francisco Jorquera, han reiterado sus críticas a la gestión del Banco de España, pidiendo el cese de su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en especial tras la "alarma social" por las prácticas retributivas "consentidas" en entidades financieras que percibieron ayudas públicas.