Dichas trabajadoras y el propio sindicato habían colocados carteles, pasquines y pancartas en la residencia y sus alrededores, pero también en otra localidad, en la que vivía el demandante y su familia y, particularmente, en la fachada de la farmacia que regentaba su madre. En ellos aparecía el nombre y la fotografía del demandante y se le acusaba de llevar a cabo una política de acoso sindical y de poner en riesgo la salud y la atención adecuada de los ancianos internados en la residencia para conseguir un lucro económico.

La Sala, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá, considera que las críticas realizadas al demandante, al poner en duda su probidad y acusarle de intentar obtener beneficios a costa de la salud y el cuidado de las personas ancianas ingresadas en la residencia, afectan al ámbito profesional protegido por el derecho constitucional al honor, pero que tal afectación se encuentra amparada por la libertad de expresión y la libertad sindical cuando es realizada en el entorno en el que tal cuestión tenía relevancia pública, como es la propia residencia y la localidad en la que presta su servicio.

La sentencia razona que se trata de juicios de valor y opiniones críticas, proferidos por agentes sociales involucrados en el ámbito de prestación de un servicio público, legitimados para la crítica de la gestión de los centros cuando consideran que perjudica no solo las condiciones laborales de los trabajadores, sino también la calidad del servicio que se presta, y de interés para esa colectividad.

En esas críticas, añade la resolución, no se han usado expresiones insultantes desconectadas del mensaje que se trata de transmitir, por más que las expresiones utilizadas, y la inserción de su fotografía, puedan resultar hirientes y molestas para el demandante.

Los magistrados destacan la especial relevancia pública de estas informaciones y juicios de valor, por tratarse de un ámbito, el de las residencias de ancianos, en el que las personas que pueden resultar afectadas por deficiencias en los servicios, por su avanzada edad, no pueden por lo general reivindicar una mejora de su atención y denunciar esa deficiencias.

Sin embargo, la Sala entiende que la comunicación pública de las expresiones que provocan descrédito en el demandante en un entorno sin conexión con el ámbito en que se ha producido el conflicto laboral, como es la localidad en la que vive, mediante la colocación de los pasquines y pancartas en fachadas, farolas, parabrisas de vehículos y en el local donde su madre desarrolla su actividad profesional, no pretendía realizar una crítica al directivo o a un determinado modelo de servicio público en un entorno en el que tal cuestión tuviera relevancia pública, sino que intentó señalarlo ante sus convecinos y familiares y escarnecerlo, atribuyéndole una conducta que le hace desmerecer ante sí mismo y ante los demás, de un modo completamente descontextualizado respecto del ámbito donde el conflicto tenía lugar y, por tanto, sin relación funcional con los bienes jurídicos protegidos por las libertades de expresión, información y sindical.

Esa actuación no contribuye a un debate público, inexistente en un ámbito ajeno a aquel en que se produjo el conflicto, ni tampoco sirve para proteger legítimamente los derechos de los trabajadores y los demás fines legítimos del sindicato demandado, razón por la que el recurso de casación es desestimado.

“Como afirma el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición al recurso, empapelar el pueblo del demandante y la farmacia de su madre con tales pasquines y carteles tiene más de venganza (o, más bien, de escarnecimiento público) que de actividad sindical”, concluye la sentencia.