La mayor parte de las subvenciones ilegales se reembolsaron fuera de plazo, llegando a producirse con un retraso de hasta 12 años.

Éstas fueron declaradas ilegales por la Comisión en 2001. Las contribuciones se concedieron en forma de créditos fiscales correspondientes al 45% de las inversiones que superaban los 15 millones de euros y de exenciones fiscales temporales para reducir el impuesto sobre sociedades a las empresas de nueva creación durante los cuatro primeros años que obtuvieran beneficios.

El TJUE ha dictado que España deberá pagar la multa debido a que el trámite para la recuperación de las subvenciones no se hizo de manera inmediata, sino que se extendió durante más de cinco años después de la sentencia de 2006.

Por último, el Tribunal de Justicia señala que las subvenciones ilegales son perjudiciales para la competencia, por su elevada cuantía y el número de personas que se benefician de ellas.