Los ministros de Economía de la UE autorizarán con toda probabilidad este martes a España y a otros diez países –entre ellos Francia, Alemania e Italia– a avanzar en solitario en la creación de una tasa sobre las transacciones financieras, cuyo objetivo es frenar la especulación y hacer que la banca asuma parte de los costes de la crisis.
Para lanzar esta cooperación reforzada, los once países necesitan la aprobación por mayoría cualificada de todos los Gobiernos, incluyendo los que no participan. Pero Reino Unido y Polonia han venido retrasando el debate alegando que quieren conocer primero la propuesta final de Bruselas sobre la tasa para garantizar que no les perjudica.
Finalmente, la presidencia irlandesa ha incluido la votación en el orden del día del Ecofin de este martes, lo que significa que espera contar con apoyos suficientes para que la iniciativa prospere.
Según la propuesta original de la Comisión, que cubría a los 27 Estados miembros, la tasa gravaría con un 0,1% las transacciones de todo tipo de instrumentos financieros, excepto los derivados a los que se les aplicaría un 0,01%. Ello permitiría recaudar 55.000 millones de euros al año, según los cálculos de Bruselas.
Pero el veto de Reino Unido -que alberga en Londres el principal centro financiero de la UE y sostiene que la tasa provocará una deslocalización de la industria bancaria- y otros Estados miembros obligó a emprender la vía de la cooperación reforzada. Se trata de la tercera vez que se usa este procedimiento, tras la legislación sobre divorcio y sobre patentes.
Los once países que han decidido avanzar en solitario son España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia. Una vez que el Ecofin dé su visto bueno a la cooperación reforzada, el Ejecutivo comunitario presentará su propuesta final sobre la tasa, que deberá ser aprobada por unanimidad por los participantes.
Los ministros de Economía de la UE discutirán también por primera vez este martes el plan de acción propuesto por Bruselas para combatir mejor el fraude y la evasión fiscal, que incluye 34 medidas a corto y medio plazo tanto en el área de los impuestos directos como de los indirectos.
El plan de la Comisión incluye además iniciativas para evitar que las multinacionales como Google, Amazon o Starbucks aprovechen los diferentes sistemas de los Estados miembros para esquivar el pago de los impuestos que les corresponden.
Bruselas propone elaborar una lista negra propia de "paraísos fiscales" que vaya más allá de la existente en la OCDE. De esta forma se facilitaría la adopción de medidas de represalia de la UE contra las "jurisdicciones no cooperativas" en materia fiscal.
También plantea otras iniciativas como la adopción del un código del contribuyente, la creación de un número de identificación fiscal de la UE y el establecimiento de directrices comunes para rastrear flujos de dinero.
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