Los ministros de Economía de la Unión Europea tratarán de finalizar este lunes el nuevo Tratado para reforzar la disciplina fiscal, en el que no participa Reino Unido, cuyo objetivo es restaurar la confianza en la eurozona y dejar margen de maniobra al Banco Central Europeo (BCE) para que intensifique su intervención contra la crisis de deuda. Los líderes europeos se han comprometido a llegar a un acuerdo en la cumbre del 30 de enero.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se estrenará en la UE presentando la candidatura de Antonio Sáiz de Vicuña, director de los servicios jurídicos del BCE, para sustituir a José Manuel González Páramo en el comité ejecutivo de la entidad cuando termine su mandato en mayo.

Según la tradición, los grandes Estados de la eurozona -Alemania, Francia, España e Italia- tienen garantizados cuatro de los seis puestos del comité ejecutivo. Sin embargo, los pequeños países con máxima nota de solvencia ‘triple A’, liderados por Países Bajos, han desafiado esta convención y no quieren que España renueve esta vez su puesto alegando que dos Estados del sur, Italia y Portugal, ocupan ya la presidencia y vicepresidencia del BCE. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha dicho que apoyará a España.

De Guindos podría explicar también a sus colegas las medidas de ajuste aprobadas hasta ahora por el nuevo Gobierno, por valor de 15.000 millones de euros, y sus planes sobre la reforma laboral y del sistema financiero, consideradas prioritarias por Bruselas, según han explicado fuentes diplomáticas. La Comisión Europea ya ha dicho que estas medidas van en la buena dirección, pero ha exigido más ajustes y reformas para garantizar que el déficit se reduzca desde el 8% en 2011 hasta el 4,4% este año. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dejado claro que será muy difícil cumplir esta meta y ha dado a entender que buscará renegociarla con la UE.

El último borrador del Tratado de disciplina fiscal que discutirán los ministros de Economía endurece las versiones anteriores, ya que prevé que el Tribunal de Justicia pueda imponer multas de hasta el 0,1% del PIB a los países que no incorporen correctamente a su legislación nacional la ‘regla de oro’ de equilibrio presupuestario. Pero todavía quedan varios escollos para alcanzar un acuerdo, y algunos de ellos, de carácter más político, se dejarán seguramente en manos de los jefes de Estado y de Gobierno, según las fuentes consultadas.

En particular, todavía no hay acuerdo sobre a qué nivel hay que incluir la ‘regla de oro’, que limitará el déficit a un máximo del 0,5% del PIB, en las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Alemania defiende que sea en la Constitución, como ha hecho España, pero otros países como Irlanda o Dinamarca piden más flexibilidad para evitar tener que celebrar referendos. También está pendiente fijar cuántas ratificaciones son necesarias para que el Tratado entre en vigor. El último borrador habla de 12 países de la eurozona, pero algunos Gobiernos temen que así no se refuerce la disciplina fiscal porque algunos Estados podrían decidir quedarse fuera o unirse más tarde.

Otro punto abierto es a quién se invitará a las futuras cumbres de la Eurozona, que el Tratado institucionaliza por primera vez. Polonia quiere poder asistir siempre, mientras que el último borrador sugiere que a los países que no han adoptado el euro se les convocará al menos una vez al año y se les mantendrá informados de las decisiones.

La última versión del Tratado establece que sólo los países que lo han ratificado y que han incorporado a su legislación nacional la ‘regla de oro’ de equilibrio presupuestario podrán acceder a las ayudas del fondo de rescata permanente. Sobre esta disposición todavía no hay acuerdo completo, como tampoco lo hay sobre las competencias exactas del Tribunal de Justicia. Y también falta decidir si las sanciones automáticas se aplicarán sólo a los países que superen el umbral del 3% de déficit o también a los que no cumplan los límites de deuda.

Los ministros de Economía examinarán también la marcha de las negociaciones entre Grecia y la banca para concretar la quita del 50% en los bonos helenos en manos privadas pactada por los líderes europeos en octubre pasado. El diálogo ha vuelto a bloquearse este fin de semana por las discrepancias sobre el tipo de interés que pagará Atenas por los nuevos bonos. Aunque hay un principio de acuerdo sobre un cupón medio del 4%, tanto Alemania como el Fondo Monetario Internacional (FMI) piden que sea menor para garantizar la sostenibilidad de la deuda.

El acuerdo es urgente porque de él depende el segundo rescate de 130.000 millones de euros de la UE y el FMI para Grecia. Y sin esta ayuda, Atenas no podrá hacer frente a la renovación de alrededor de 14.000 millones de euros de bonos que vencen a mediados de marzo.

Finalmente, los Veintisiete discutirán cómo acelerar la capitalización y la puesta en marcha del fondo de rescate permanente de 500.000 millones de euros, que entrará en vigor el 1 de julio. La activación del fondo permanente se ha hecho más necesaria tras la decisión de la agencia de ‘rating’ S&P de rebajar la nota del fondo temporal. Los responsables europeos aseguran que esta rebaja no pone en riesgo la ayuda ya comprometida para Irlanda, Portugal y Grecia, pero admiten que no habría más recursos en caso de que Italia o España requirieran asistencia.

Los países del sur con problemas esperan que, tras la firma del Tratado de disciplina fiscal, Alemania flexibilice su postura y acepte aumentar la dotación del fondo de rescate permanente por encima de los 500.000 millones. Los líderes europeos revisarán esta dotación en marzo. El fondo permanente contará con una base de capital propio de 80.000 millones, lo que lo hace menos vulnerable a las degradaciones de la nota de los países de la eurozona.