El trámite del Senado ha servido para que el PP introduzca varios cambios en la norma entre los que destacan un incremento del 6% al 7% en el nuevo impuesto a la producción de electricidad, una exención para el gas natural de uso "profesional", mayores cargas sobre el carbón y precisiones en el mecanismo para que la recaudación y los ingresos obtenidos con las subastas de CO2 puedan pasar a la tarifa eléctrica.

El senador del PP José Ignacio Palacios justificó la norma advirtiendo de que "el sistema eléctrico es actualmente insostenible" y de la necesidad de atajar el déficit de tarifa, que crece a un ritmo de 6.000 millones anuales y que, "si no se toman medidas", se duplicará en los próximos tres años, hasta alcanzar 50.000 millones.

Por su parte, el senador socialista Jesús Alique dijo que la ley daña a la industria, responde a la "voracidad recaudatoria" del Gobierno y tiene, en lo referido al nuevo impuesto a la producción eléctrica, carácter "confiscatorio".

El texto aprobado por el Gobierno también incluye una exención de los nuevos impuestos a la actividad nuclear para el almacenamiento de residuos procedentes de actividades médicas y científicas, así como de "incidentes excepcionales en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación nuclear".

Junto a esto, la Cámara Alta ha introducido una nueva definición para el gas natural que quedará exento de los impuestos, en la que se alude al gas natural destinado a "usos profesionales. En su versión original, el texto no hablaba de una exención para el gas de "usos profesionales", sino que aludía al "destinado a usos industriales".

En todo caso, se mantiene la precisión de que el gas natural destinado a producir electricidad tanto en ciclos combinados como mediante cogeneración no podrá disfrutar de la exención.