​​​

En concreto, las autoridades antifraude comunitarias tendrán acceso a nuevos sistemas informáticos que pueden registrar los movimientos de contenedores transportados en embarcaciones y recopilar información de los bienes que acceden, transitan o abandonan la Unión Europea.

De esta forma, la UE y los Estados miembros podrán mejorar el seguimiento de cargamentos sospechosos y detectar de una forma más efectiva los casos de fraude.

Las actividades fraudulentas en el comercio internacional, como falsificaciones del país de origen de cada producto y la infravaloración o descripción incorrecta de los mismos dañan "significativamente" los intereses financieros del bloque comunitario, ha advertido el Ejecutivo comunitario, que ha destacado que la cooperación entre autoridades aduaneras "esencial" para combatir estas prácticas.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kristalina Georgieva, ha señalado que el fraude en aduanas es una "fuga" para los presupuestos públicos y ha subrayado la necesidad de combatir estas actividades "con una respuesta efectiva e inteligente".

La nueva regulación, asegura Bruselas, ayudará a acelerar las investigaciones de la OLAF mediante fechas límite para que los Estados miembros entreguen los documentos de cada pesquisa. También facilitará el uso de la información obtenida sobre la base de asistencia mutua en procedimientos judiciales nacionales.