​​​​

El Registro de Asesores Fiscales (Reaf-Regaf) ha apostado por realizar una reforma del Impuesto sobre Sociedades para recaudar unos 25.000 millones de euros anuales, en torno al 2,5% del PIB, en línea con la media de lo que se recauda en la UE.

Durante la presentación del estudio sobre la reforma del impuesto, el Reaf, órgano especializado en materia fiscal del Consejo General de Economistas, indicó que durante este siglo el Impuesto sobre Sociedades ha venido recaudando con cierta regularidad en torno a 20.000 millones de euros, un 2% del PIB, aunque excepcionalmente en 2007 recaudó cerca de 45.000 millones, en contraste con los menos de 17.000 millones que ingresó en 2011.

Por todo ello, cree que es posible que se recupere la recaudación del tributo mediante una reforma del mismo para llegar a recaudar 25.000 millones de euros anualmente. No obstante, señala que por los créditos fiscales y porque las grandes empresas obtienen buena parte de sus beneficios fuera de España, es difícil que la recaudación crezca demasiado en el medio plazo.

"No deberíamos fijarnos como objetivo conseguir la recaudación récord de 2007, c​asi 45.000 millones, porque ese ejercicio precrisis fue excepcional", subrayan desde el Reaf, quien pide también un mayor control sobre las bases imponibles negativas, ya que 7 de cada 10 empresas declaran bases negativas y casi una cuarta parte de ellos están inactivas.

CRECE LA DIVERGENCIA ENTRE GANANCIAS Y BASES NEGATIVAS.

También advierte de que los grupos fiscales han crecido de manera "exponencial" y de que la divergencia entre resultados contables positivos y bases imponibles negativas, hasta 2013, ha ido aumentando. Asimismo, afirma que el diferencial entre el tipo nominal y el efectivo no es síntoma de fraude o desimposición en este tributo, ya que las grandes empresas obtienen buena parte de sus beneficios fuera de España y existe una importante bolsa de créditos fiscales, especialmente originados por bases imponibles negativas.

A la vista de estos problemas, el Reaf aboga por acometer un plan específico de "depuración" del censo de declarantes estableciendo controles de sociedades inactivas y de las que declaran bases imponibles negativas de manera recurrente, así como analizar los ajustes fiscales que ocasionan mayor divergencia entre resultado contable y base imponible.

También pide revertir gradualmente las medidas excepcionales relativas a los pagos fraccionados, hacer una revisión de determinados regímenes especiales, limitar el régimen de consolidación fiscal a grupos que consolidan contablemente o que se auditan y revisar la corrección de la doble imposición.

Asimismo, apuesta por eliminar la excepcional deducibilidad del coste de activos adquiridos mediante arrendamiento financiero y prohibir la deducción total o parcial, según los casos, de los gastos conexos a ingresos exentos o bonificados.

Hacer correcciones en la normativa relativa a precios de transferencia, en el sentido de rebajar más los requisitos de documentación y asegurar la neutralidad del ajuste; establecer la caducidad del derecho a compensar bases imponibles negativas cuando la sociedad no haya realizado operaciones ininterrumpidamente en un determinado período de tiempo o introducir cautelas para que las asimetrías híbridas que se intentan corregir en supuestos de desimposición también se impidan en casos de sobreimposición son otras de las reformas propuestas por los asesores fiscales.