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Redactado por: Redacción Espacio Asesoría
28 de abril de 2021

Límites al control judicial de los laudos arbitrales

La acción de anulación no puede convertirse en un recurso ordinario que permita la revisión de todo lo actuado.

Se plantea recurso de amparo contra sentencia que anuló un laudo por insuficiencia de motivación, al entender el se produce porque el órgano judicial ha impuesto a los laudos arbitrales el canon de control de motivación que le es aplicable a las resoluciones judiciales, sosteniendo erróneamente que es contrario al orden público un laudo que no supere dicho canon. A su juicio, ni el arbitraje tiene asiento en la tutela judicial efectiva, ni la motivación del laudo es cuestión de orden público, por lo que no podría anularse por insuficiente motivación.

El TC estima el recurso y anula la sentencia que anuló el laudo por falta de motivación y error en la valoración de la prueba.

Considera la Sala que el TSJ excedió sus competencias al anular el laudo por su simple discrepancia con la valoración jurídica del árbitro. No cabe anular un laudo formalmente correcto, considerándolo contrario al orden público, porque el árbitro extrajo determinadas consecuencias jurídicas de la prueba practicada no coincidentes con las del órgano judicial. El órgano judicial no puede revisar la prueba realizada por el árbitro o su valoración; tiene que limitarse a los errores procesales durante el arbitraje que puedan derivar en indefensión.

Respecto al deber de motivación del laudo, la Ley de Arbitraje no impone una argumentación exhaustiva y pormenorizada, ni el análisis de todas las pruebas y argumentos de las partes. Basta con la exposición de los fundamentos –no necesariamente jurídicos- en que se basa la decisión, sin que la motivación tenga que ser convincente o suficiente, ni extenderse a extremos concretos. Tampoco se exige que las razones de la decisión sean correctas.

Por tanto, la sentencia recurrida lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, vulnerando el canon de constitucionalidad de razonabilidad de las resoluciones judiciales al haber entrado en el fondo del asunto y pretender incluir en la noción de orden público del art. 41.1.f Ley de arbitraje, la revisión de la prueba por el órgano judicial, cuando la acción de anulación es un remedio extraordinario y excepcional para corregir situaciones de indefensión efectiva.

El que el órgano judicial y el árbitro no obtengan las mismas conclusiones de la prueba practicada no puede llevar a considerar que el laudo carece de motivación, ni que esta sea insuficiente, irracional o ilógica, cuando a la vista del mismo no se aprecia ninguna incoherencia.

Puede resumirse la doctrina del TC sobre los límites del control jurisdiccional sobre los laudos en los siguientes puntos:

  • Es inherente al arbitraje la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales y el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, que deciden sustraer a la jurisdicción ordinaria la resolución de sus controversias.
  • La acción de anulación no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro. El juez no puede sustituir al árbitro en su aplicación del Derecho. No es una segunda instancia revisora de los hechos y derechos aplicados en el laudo, ni un mecanismo de control de la correcta aplicación de la jurisprudencia.
  • La valoración del órgano judicial sobre una posible contradicción del laudo con el orden público ha de limitarse a comprobar la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad procedimental del arbitraje. La noción de orden público debe ser objeto de una interpretación restrictiva, no puede convertirse en una “puerta falsa” que permita el control judicial de la decisión arbitral.
  • La acción de anulación del laudo solo cabe cuando sea contrario al orden público material o procesal o cuando carezca de motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior.
  • Si la resolución arbitral no es arbitraria, ilógica, absurda o irracional no cabe declarar su nulidad por ser contraria a la noción de orden público.
  • Debe quedar fuera del control anulatorio la posible justicia del laudo, las deficiencias del fallo o el acierto en el modo de resolver la cuestión.
  • La acción de anulación solo puede analizar los posibles errores procesales relativos al cumplimiento de las garantías fundamentales –defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba- en el desarrollo del arbitraje.
  • El deber de motivación de las resoluciones arbitrales no deriva del art. 24.1  CE, sino del art. 37.4  Ley de Arbitraje, siempre con la salvedad de que las partes no hayan alcanzado un pacto sobre los términos en que deba pronunciarse el laudo. Además, en el arbitraje de equidad, las partes pueden prescindir de las normas jurídicas y recurrir a un razonamiento diferente al que se desprende de su aplicación. Solo el árbitro está legitimado para optar por la solución que considere más justa y equitativa, incluso si tal solución es incompatible con la que resultaría de la aplicación de las normas del derecho material.
  • La consideración del arbitraje como «equivalente jurisdiccional» se refiere, en particular, al efecto de cosa juzgada que se produce en ambos tipos de procesos. El carácter irrenunciable e indisponible del derecho a la tutela judicial efectiva no impide considerar constitucional la renuncia voluntaria y transitoria al ejercicio de las acciones para alcanzar un resultado más ventajoso a través del arbitraje.

STC (PRIMERA) DE 15 FEBRERO DE 2021. EDJ 2021/510947

Fuente: ADN Jurídico

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Límites al control judicial de los laudos arbitrales

La acción de anulación no puede convertirse en un recurso ordinario que permita la revisión de todo lo actuado.

28/04/2021
Redactado por: Redacción Espacio Asesoría
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