Estos son los dos puntos del orden del día del pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León, que ha habilitado el mes de agosto para proceder, entre otras cosas, a la convalidación del acuerdo de la Junta del pasado jueves sobre el techo de gasto para 2014 y del Decreto-Ley de 31 de julio de medidas urgentes en materia de vivienda.

En concreto, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado día 22 el techo de gasto no financiero inicial para el ejercicio 2014 por un total de 8.614,3 millones de euros, lo que representa una caída del 1,29% (112,3 millones en términos absolutos) respecto al techo de gasto no financiero de 2013 (8.726,6 millones).

Según afirmó entonces la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, este techo de gasto no financiero respeta, "como no puede ser de otra manera", los objetivos de la regla gasto y los límites de deuda y déficit al mismo tiempo que favorecerá la recuperación económica y la consolidación fiscal.

Este techo de gasto no financiero parte de una estimación "provisional y bastante prudente" de la evolución de la economía para 2014 que contempla un crecimiento del 0,7% del PIB, lo que supone que el próximo ejercicio será "el año del inicio de la recuperación económica" en el que no habrá destrucción de empleo, lo que representa "una buena noticia", en palabras de Del Olmo.

Al igual que en ocasiones anteriores, la Consejería de Hacienda ha calculado el techo de gasto sumando los ingresos no financieros que prevé obtener en 2014 -7.931,4 millones- con los derivados del nuevo objetivo de déficit para el año que viene, fijado en el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y que equivale a 560,7 millones de euros. Hecho esto, ha añadido 122,2 millones en concepto de ajustes positivos de la Contabilidad Nacional, que en este caso es positivo por la reestructuración del sector público, ha indicado Del Olmo.

El resultado de todas estas operaciones son los 8.614,3 millones de euros de gasto no financiero en los que como máximo podrá incurrir el Gobierno autonómico en 2014, cantidad que es 112,3 millones inferior a la del presente ejercicio. A la cifra final se ha llegado tomando como base un cuadro macroeconómico en el que la Junta prevé un crecimiento económico del 0,7% del PIB el próximo año.

Voto en contra del PSOE

Desde las filas socialistas, el secretario regional, Julio Villarrubia, ha asegurado que su partido votará en contra de este techo de gasto al mismo tiempo que planteará alternativas al Presupuesto para 2014.

Por otro lado, las Cortes someterán también a votación la convalidación del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de viviendas aprobadas en el Consejo de Gobierno del 31 de julio y que contempla, entre otros puntos, una rebaja de un 20% de los precios máximos de venta o alquiler de aquellas viviendas públicas que se adjudiquen después de que entre en vigor esta norma.

Según precisó entonces el consejero de Fomento, Antonio Silván, el objetivo de esas 22 medidas es dar una "respuesta global y urgente" a aquellas personas y familias "más necesitadas" de la Comunidad, por lo que, entre otras acciones, se amplia la denominación de colectivos con especial protección, se avanza en la movilización de las viviendas de titularidad pública y se da salida a la viviendas disponibles.

De este modo, los decretos establecen acciones impulsadas desde distintos ámbitos de acción y centradas las viviendas protegidas de titularidad pública, la movilización del ‘stock’ de viviendas públicas y privadas y el establecimiento de un nuevo régimen legal de VPO.

Castilla y León cuenta actualmente con 12.471 viviendas de titularidad pública, de las que 11.332 están en venta y 1.139 en régimen de alquiler, mientras que 100 están desocupadas y destinadas a situaciones de "emergencia".

Reducción de precios

Una de las medidas más relevantes de las aprobadas es la reducción de los precios de venta y alquiler con el fin de facilitar el acceso a una vivienda de promoción pública a sectores más amplios de la población. Así, con este Decreto, se rebajan en un 20 por ciento los precios máximos de venta o alquiler de las viviendas aún sin adjudicar o en proceso de construcción. El precio actual de las viviendas cuyas futuras adjudicaciones sufrirán esta rebaja es de 500 euros en régimen de alquiler y de 100.000 euros en venta.

Otra de las acciones se centra en facilitar los pagos de las cuotas de compra o de alquiler con determinadas moratorias de pago, además se avanza en la amortización anticipada de la compra o en la adquisición de viviendas en arrendamiento.

También se reservará una parte de las viviendas para colectivos en riesgo de exclusión social y se obliga a la administración autonómica y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a constituir parques públicos de alquiler social, integrados por viviendas y alojamientos protegidos de titularidad pública, que se destinarán preferentemente al alojamiento, en régimen de arrendamiento, a personas incluidas en los colectivos de especial protección.

Junta y ayuntamientos deberán también habitantes deberán reservar al menos el 30 por ciento de las viviendas protegidas desocupadas y de los terrenos de uso residencial de su titularidad o de entidades dependientes para consolidar los parques públicos de alquiler social.

Dentro de las acciones destinadas a movilizar el ‘stock’ de viviendas destaca la ampliación del período de amortización de préstamos hipotecarios, además no se exigirá la devolución de las ayudas de la Junta por compra de vivienda cuando esta sea objeto de transmisión por subasta, dación en pago o adjudicación en un procedimiento de desahucio ni cuando se modifiquen los préstamos para reestructurar la deuda hipotecaria.

Asimismo, como explicó Silván, la política de alquiler de la Junta se unifica en un único Programa de Fomento del Alquiler que pretende dotar de "mayor" flexibilidad el apartado de requisitos de las viviendas del programa así como el relacionado con los arrendatarios.

Nuevo régimen de viviendas protegidas

La Junta establece una "más clara" diferenciación entre las viviendas de promoción privada y las de promoción pública. En el caso de las viviendas protegidas privadas se reduce la duración del régimen legal de protección a 15 años y a 10 años el plazo mínimo para solicitar la descalificación. En la vivienda protegida de promoción pública se mantiene el plazo de protección en 30 años y se concentra en la atención a los sectores sociales desfavorecidos con ingresos hasta 3,5 IPREM, a los que el mercado no proporciona una solución a sus necesidades.

Además se flexibilizan los requisitos para acceder a una vivienda protegida. Se estable un nivel máximo de ingresos de 6,5 veces el IPREM en la promoción privada y la posibilidad de que personas jurídicas públicas y privadas sin ánimo de lucro sean destinatarias de viviendas protegidas cuando en las mismas se vayan a desarrollar actividades de interés público o social o se destinen a realojar personas incluidas en alguno de los colectivos de especial protección.