El vicesecretario general de la Asociación Española Bancaria (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, opina que si la causa de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios es la crisis económica y el aumento del paro, las soluciones que se deben dar a este problema han de ser temporales y extraordinarias, sin afectar a los pilares de un sistema que funcionan "perfectamente". "El sistema hipotecario español ha sido precipitadamente juzgado y declarado culpable", ha llegado a decir.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso, Pellitero ha defendido la actual normativa, que ha permitido que el 82% de los españoles accedan a la vivienda en propiedad, lo que "se considera un logro social", y además lo han hecho "en condiciones especialmente favorables tanto de plazos como de financiación".

"Y eso no es por la benevolencia de las entidades financieras, sino porque tras las garantías hipotecarias hay un procedimiento de ejecución muy eficaz y por el sistema de responsabilidad patrimonial", ha explicado, achacando a estos dos fenómenos el que el 96% de las personas hipotecadas estén al corriente de pago.

Reducir la responsabilidad tendría consecuencias

A renglón seguido, ha alertado de la posibilidad de que por "tratar, bienintencionadamente, de aliviar la situación de un 3% de afectados" se acaben provocando "efectos colaterales" en forma de pérdida de valor de la vivienda como bien patrimonial frente para endeudamientos futuros, de encarecimiento y restricción de los créditos, o la dificultad para acceder a la financiación en los mercados internacionales.

"No estamos sobrados de financiación ni en el ambiente internacional existe un apetito especialmente orientado a suscribir riesgos en España. Modificar retroactivamente el régimen hipotecario afectaría al valor de los títulos y generaría un problema de financiación importante de una de las pocas fuentes que tenemos ahora", ha dicho, recordando que la agencia Moody’s anunció revisiones de calificación de varias entidades coincidiendo con la aprobación de una moratoria de desahucios que "crea incertidumbre" e "incentiva los impagos".

En este sentido, ha subrayado que la responsabilidad patrimonial es un principio aceptado de forma general tanto en los países europeos como en Estados Unidos, "salvo en catorce estados, que son precisamente la fuente de la crisis financiera", y ha asegurado que hay entidades que conceden préstamos con responsabilidad limitada pero "no les dan salida" porque "son más caros y no interesan a los ciudadanos".

Cosa diferente son las medidas para prevenir el sobreendeudamiento, que "deben ser objeto de más reflexión y quizás tengan entidad suficiente para justificar otro proyecto de ley" en lugar de abordarlo de forma parcial en esta reforma.

No a la dación en pago

Pellitero también ha destacado la "transparencia y protección a los consumidores" que rige en España, así como la existencia de "dos filtros públicos" en todos los procedimientos. "Tenemos hasta regulado el régimen de las tasaciones", ha añadido, pidiendo a los diputados que "no se desvalore lo que tenemos porque no es tan malo".

Por todo ello, ha rechazado la implantación generalizada de la dación en pago, que "vulneraría el principio de irretroactibilidad" y "no resolvería el problema si de lo que se trata es de que los ciudadanos no pierdan la vivienda". "Además, perturbaría la cultura de cumplimiento de las obligaciones, como ha pasado en otros países como México o Brasil", ha dicho.

Así, ha rechazado tanto la implantación "en bloque" de esta propuesta como su inclusión "a poquitos", con modificaciones parciales con cada nuevo decreto. "Esto de ir incrementando el porcentaje de adjudicación en la subasta sin postor es la dación de a poquitos. La dación en pago se puede admitir excepcionalmente, pero como medida acotada y restringida temporalmente", ha señalado.

De hecho, según Pellitero las entidades bancarias ‘motu propio’ han aceptado daciones en algunos casos, y también "negocian hasta lo imposible" las condiciones de los préstamos (periodos de carencias, tipos de interés, plazos de amortización o alquileres sociales). "Desde 2009 los bancos integrados en la AEB han hecho más de 400.000 renegociaciones a particulares, y sólo cuando no queda otra opción se inicia la ejecución", ha dicho.

El desahucio es mala prensa

Y es que "el sector bancario no es insensible a los problemas sociales" pero, sobre todo, prefiere evitar los desahucios porque "son un mal negocio" y además contribuyen al "desprestigio de la entidad". Asimismo, estos procesos generan gastos extraordinarios y obligan a nuevas provisiones para proteger los depósitos de los clientes, cuya solvencia no puede ser puesta en duda. "Los bancos no quieren los pisos", ha insistido

"Si los elementos esenciales del régimen hipotecario no son el problema, ¿por qué vamos a plantearse una reforma integral o a tocar algunos elementos? Si la causa es la crisis económica demos soluciones excepcionales, transitorias y acotadas en el tiempo, sin cuestionar los principios del régimen general como se ha hecho hasta ahora", ha dicho.

En este sentido, ha aceptado que se incluyan en la normativa "mejoras" sobre aspectos como ampliar los umbrales para optar a renegociaciones de deuda (aunque no para las daciones en pago) o para facilitar que haya postores en las subastas mediante las rebajas de los avales o la ampliación de plazos para hacer efectivos los pagos, la mejora de los procedimientos extrajudiciales, o el refuerzo de la supervisión de las tasadoras. También ha reconocido que las entidades podrían hacer "un esfuerzo mayor" en la difusión del Código de Buenas Prácticas.

Falta autocrítica

Los partidos de la oposición han criticado la visión excesivamente idealizado del sistema expresada por la AEB, que choca con la realidad dramática de los desahuciados, y también la "doble vara de medir" aplicada con los promotores, a los que se han condonado deudas pese a tener niveles de morosidad más altos. Además, han defendido una revisión profunda de aspectos como los intereses de demora y otras disfuncionalidades del sistema para que estos problemas no se vuelvan a repetir.

Incluso el PP ha señalado que se han dado situaciones injustas por lo que no es lógico defender que no haya que hacer ningún cambio. En este sentido, ha defendido la necesidad de que los deudores de buena fe no vean lastrada toda su vida por una deuda sobrevenida crónica, dado que no son los responsables de la situación en que se encuentran. Además, ha instado a la AEB a "ser conscientes" del papel que han jugado en la crisis económica, y también del que deben jugar en su solución.

En su réplica, Pellitero ha recogido el guante de la autocrítica y ha recordado que "todos", incluyendo las administraciones públicas, tienen responsabilidad en la crisis y en la burbuja inmobiliaria, pero ha insistido en que las soluciones deben ser "transitorias y temporales" en relación con la flexibilización de los umbrales del Código de Buenas Prácticas con excepción de la dación en pago.

Además, ha recordado que el objetivo debe ser "dar alivio a quien no pueda pagar y mejorar sus condiciones para que pueda pagar" sin que se vea privado de techo. En cualquier caso, ha reconocido que hay cláusulas abusivas o intereses de demora no "razonables", pero ha insistido en que "deben atajarse los casos concretos".

"Tenemos voluntad de solventar el problema, pero discrepo en algunas fórmulas para hacerlo. La banca tiene voluntad, yo ni siquiera represento a entidades que hayan recibido ayudas públicas", ha dicho, ante los reproches sobre la mala imagen que da que el sector financiero sea rescatado mientras los ciudadanos se quedan en la calle.