Esta propuesta es la reacción del personal de las Administraciones Tributarias al caso "Luxleaks", por el que ha trascendido que 22 de los 28 estados miembros ofrecen acuerdos fiscales ("tax rulings") a las multinacionales para reducir su factura fiscal, según un comunicado de Gestha.

Los Técnicos consideran que, con independencia de que cada país europeo pueda establecer un tipo de Sociedades propio, sería aconsejable poner un límite mínimo a partir del cual no se puedan realizar rebajas, una práctica que pondría coto a los conocidos como "tax rulings", acuerdos fiscales preferentes concedidos a empresas multinacionales.

Además, esta medida reduciría la pérdida de miles de millones de euros de recaudación que se produce en cada país de la Unión Europea (UE) por el "nomadismo fiscal" de las multinacionales a países que, como Luxemburgo, funcionan como verdaderos paraísos fiscales.

Según Gestha y la UFE, la hoja de ruta pasa por prohibir la práctica de los "rulings" en todos los países europeos y extenderla a todo el ámbito de la OCDE –de forma similar a los acuerdos FATCA–. De forma alternativa, la UFE y Gestha sugieren explorar un relanzamiento de la directiva comunitaria de 2011 que fija una base impositiva común en el Impuesto de Sociedades, y de acelerar la puesta en marchar del plan de acción diseñado por la OCDE contra la erosión de bases imponibles y transferencias transfronterizas de beneficios.

La puesta en marcha de estas y otras medidas complementarias tendría, además, un efecto positivo sobre el Estado de bienestar y la limitación de la austeridad, ya que los países contarían con más recursos públicos para financiar sus políticas de crecimiento, gasto social y contra el desempleo. La recaudación adicional también podría formar parte del presupuesto comunitario, complementando los ingresos procedentes del IVA y otros ingresos ligados a la actividad de los países de la UE.

El presidente de la UFE, Serge Colin, duda de si "los propósitos de las autoridades fiscales de los 22 países afectados son creíbles, ya que todo apunta a que los acuerdos alcanzados con las multinacionales son instrumentos de fraude e incluso estafa fiscal, organizadas a gran escala y de manera sofisticada por las grandes empresas de consultoría y asesoramiento fiscal".