No está previsto que este texto sea aprobado en el Consejo de Ministros, pero a la espera de posibles cambios, el texto reserva a patronal y sindicatos el papel de diseñadores de los cursos de formación y les limita el manejo exclusivo de los fondos, que ascienden a 1.800 millones de euros anuales.

Según precisa el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, "la inmediata puesta en marcha del nuevo sistema de formación contribuirá, a corto plazo, a multiplicar los efectos positivos de la coyuntura económica y del empleo esperable en 2015 y 2016".

A eso suma que las partes se comprometieron en la reunión del pasado 29 de julio en el Palacio de la Moncloa a que el nuevo modelo de formación estuviera operativo a partir del pasado 1 de enero de 2015.

Con estos argumentos, el texto sentencia que "a pesar de los esfuerzos por aunar las distintas posiciones en la Mesa de Diálogo Social, no ha sido posible alcanzar un acuerdo en esta materia, por lo que el Gobierno, en línea con la urgencia ampliamente reconocida y el compromiso manifestado, ha decidido abordar la reforma del sistema de formación profesional para el empleo mediante el presente Real Decreto-Ley.

El nuevo papel de los agentes sociales

El Gobierno recuerda que los fondos disponibles para la gestión de planes de formación de los trabajadores hasta la fecha estaban limitados a las organizaciones empresariales y sindicales.

Si bien, el texto recoge una definición del "nuevo papel" de los agentes sociales, que supone, en propias palabras del Gobierno, una modificación "de calado". En el capítulo de la financiación, mantiene que parte del sistema se seguirá financiando con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores.

"Se impulsa su liderazgo (el de los agentes sociales) en el diseño estratégico, en la planificación, programación y difusión de la formación profesional para el empleo, especialmente dirigida a los trabajadores ocupados, a través de estructuras paritarias renovadas y profesionalizadas", señala el texto.

Esto implica que "los agentes sociales dejan de participar en la gestión de fondos y en la impartición de la formación como la hacían hasta la fecha, dejando este papel a las entidades que imparten formación profesional", una vez se abre este espacio a la "concurrencia competitiva".

Uno de los cometidos de los agentes sociales será a partir de ahora el de participar en la elaboración de escenarios estratégicos plurianuales, que serán la referencia de toda la programación de la formación que se imparta en el sistema. En el se incluirán tendencias y previsiones económicas, objetivos de atención prioritaria o indicadores de su evaluación.

Otro de los grandes cambios que introduce la reforma es la transformación de la Fundación Tripartita por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en cuyo patronato estará representada con mayoría la Administración General del Estado (AGE), y también las comunidades autónomas y los agentes sociales.

Tolerancia cero contra el fraude

Por otro lado, el borrador establece un principio de "tolerancia cero" contra el fraude en la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo.

En esta línea, se amplían los sujetos responsables, incluyendo las entidades a las que se encomienda la organización de la formación de la empresa, así como los solicitantes de ayudas y subvenciones públicas en la materia, se endurecen las sanciones y se crean tipos infractores nuevos.

Incluso, el texto recoge que los beneficiarios de cursos de formación no podrán volver a serlo durante un periodo de hasta cinco años en ciertos supuestos de fraude en la impartición.

Por último, se prevé la creación de una Unidad Especial de Inspección en el seno de la Dirección Especial adscrita a la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social.