El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, ha avanzado este jueves que esta semana o la que viene se publicará en el BOE la orden ministerial sobre el nuevo Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, que entrará en vigor el próximo 1 de julio y en cuyo programa piloto se han gestionado ya más de 20 millones de registros de facturas en cinco meses.
Durante su intervención en la VII Jornada sobre ‘La inspección tributaria de las grandes empresas’, organizada por Deloitte Legal, Menéndez ha adelantado que en los próximos días se publicará la orden ministerial con las especificaciones técnicas del SII del IVA, que afectará a entre 60.000 y 62.000 contribuyentes que representan el 80% de la facturación del IVA.
Menéndez ha detallado que desde la puesta en marcha el pasado 1 de enero del programa piloto del SII del IVA, a la que estaban apuntadas 30 empresas, se han cruzado ya facturas recibidas y emitidas de 2.000 empresas y se han gestionado más de 20 millones de facturas (15,57 millones registros de facturas emitidas y el resto de recibidas).
Asimismo, Menéndez ha indicado que aunque el nuevo IVA en tiempo real está previsto que afecte a entre 60.000 y 62.000 contribuyente, hay "otros grupos" que ya han mostrado su interés por el mismo a pesar de no estar obligados, gracias a las "muchísimas ventajas" que presenta, especialmente para las nuevas empresas.
"Les aporta más que les resta", ha enfatizado Menéndez, quien ha asegurado que el proyecto "cambia la forma de relacionarse" entre la empresa y la administración tributaria y evita "errores involuntarios". En este sentido, ha explicado que la AEAT ya tiene capacidad de información suficiente para testar la "forma de relacionarse" entre las grandes corporaciones y la Administración, y ha subrayado que el proyecto de SII "está yendo de manera correcta" y está "perfectamente lanzado".
Entre las ventajas que presenta el SII ha recalcado el ahorro en términos de gasto público y de mantenimiento de aplicaciones y programas informáticos, así como el ahorro de costes que también va a suponer a las propias empresas.
"La Administración está perfectamente preparada, a ver si resulta que la Administración ha sido capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías y las empresas no van a ser capaces de adaptarse, que son pioneras y muy internacionalizadas, a ver si no van a ser capaces de adaptarse al SSII modificando sus procedimientos internos credenciales y adaptándose con nuevas inversiones", ha agregado.
Igualmente, Menéndez ha augurado que el proyecto va a generar actividad económica porque el proceso de "transparencia interna" de las empresas les va a poder permitir adoptar decisiones con "muchísima más prontitud".
En cualquier caso, ha insistido que la Administración está "en la posición de ayudar" tras haberse "volcado" en la difusión del proyecto y haber contestado a 3.476 preguntas sobre cuestiones técnicas de las 4.095 recibidas. "Estamos flexibilizando la postura hasta donde podemos, estamos en la idea de dar asistencia y ayuda, no estamos en la idea de sancionar masivamente", ha aseverado Menéndez, quien ha mostrado el "pleno convencimiento" de que se trata de un proyecto "bueno" para ambas partes.
De igual forma, Menéndez ha explicado que en el grupo de trabajo entre grandes empresas y la administración tributaria se alcanzó hace más de un año un acuerdo que recoge compromisos por parte de las empresas acogidas al código de buenas prácticas tributarias.
Así, en el caso de que se produzca un conflicto en un procedimiento en el área de control entre empresas y Hacienda, si las empresas consideran que el comportamiento de la Administración no está siendo adecuado porque no aplica criterios jurisprudenciales y está teniendo una actitud con el contribuyente durante la inspección que excede de los "extremos de cortesía o explicación de por qué se pretende hacer liquidación en un sentido o en otro", la empresa puede presentar una queja respecto a la situación en esa actuación concreta de control.
En el mismo sentido, la Administración tiene la garantía de que cuando considere que el contribuyente no tiene un comportamiento colaborativo, porque, por ejemplo, no aporte documentación o no sea transparente, la Administración puede enviar una comunicación al Consejo de Administración de la empresa para transmitir que se realiza un procedimiento de control y detecta que los representantes de la empresa tienen un comportamiento que choca con el código de buenas prácticas tributarias.
Menéndez ha resaltado que uno de los objetivos de la relación cooperativa entre los contribuyentes y la administración tributaria es añadir buenas prácticas en aras de disminuir la litigiosidad.
A este respecto, ha vuelto a incidir en la relevancia de la deuda pendiente de cobro en comparación a los ajustes de 2.000 o 3.000 millones que ha realizado España para reducir su déficit.
Salvo en 1999, cuando disminuyó en 300 millones, la deuda pendiente de cobro se incrementó todos los ejercicios posteriores, si bien ha ido disminuyendo paulatinamente en los últimos años desde sus cifras récord registradas en 2013, cuando alcanzó los 50.174 millones (+13%) y en 2014, con el pico más alto de 50.226 millones (+0,1%), frente a las disminuciones de 2015, con 49.272 millones (-1,9%) y 2016, con 45.84 millones (-7%).
El director general de la AEAT ha valorado la figura en el procedimiento inspector de las actas con acuerdo a la hora de liquidar con la Administración, que supone un cauce de relación entre las partes "transparente, ágil y eficaz" para evitar litigios y para conseguir "seguridad jurídica" con procedimientos reglados. "Con esas premisas hay mucho camino por hacer y queremos avanzar en ello", ha apuntado, tras indicar que desde 2012 se han firmado 9.688 actas con acuerdo.
Por otra parte, el socio de Deloitte Legal, Brian Leonard, ha señalado que actualmente hay una situación de "casi conflicto" entre las grandes empresas y la administración tributaria, y ha afeado que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, cuestionase recientemente que las pymes tributen al 18% y las grandes corporaciones solo al 7%.
Leonard ha recordado también que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, indicó recientemente que la seguridad jurídica en España quedaba en "entre dicho" ante la "permanente" adopción de medidas de urgencia en materia tributaria. Por ello, Leonard ha abogado por buscar instrumentos de colaboración en un entorno "menos beligerante". "A lo mejor estamos condenados a no entendernos nunca", ha manifestado.
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